El Gobierno asturiano espera que Cataluña acabe por sumarse a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, aunque esté ausente, junto al País Vasco, de la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar mañana en el Senado, en Madrid. El Principado considera "razonable" la agenda de grandes temas consensuada entre el Gobierno central y las autonomías como punto de partida para la reforma del futuro reparto de los ingresos públicos. La Conferencia de Presidentes tratará por primera vez cuestiones como el declive demográfico, incluido a petición de Asturias, la financiación de la dependencia y las tasas de reposición del empleo público, que afectan a prestaciones básicas como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
La sexta cumbre de presidentes autonómicos con el Gobierno central será la primera en la que no estén todos los dirigentes regionales. Tanto el catalán Carles Puigdemont como el vasco Íñigo Urkullu han declinado participar en un encuentro que tiene como prioridad el arranque de la negociación para la reforma del sistema de financiación autonómica pero que completa su agenda con temas presentes permanentemente en el terreno de la reivindicación regional como es el caso de la sostenibilidad económica de la ley de Dependencia, el pacto por la educación y el bono social y las tasas de reposición en el empleo público.
La reforma de la financiación regional será una carrera de fondo. La reunión de mañana supone el pistoletazo de salida a la creación de un grupo de trabajo técnico, que deberá formular una propuesta para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aunque el Gobierno asturiano juzga "deseable" que todas las autonomías estuvieran en este primer foro negociador, tiene el convencimiento de que la Generalitat catalana, al final, acabará participado porque "se va a ver afectado por el acuerdo de todos", plantearon fuentes de la presidencia regional. Asturias mantiene ahora posiciones defendidas en anteriores negociaciones sobre financiación autonómica: "No puede haber marcos bilaterales porque lo que plantea una comunidad repercute sobre las demás", sostiene el Principado como condición básica. A partir de ahí, existe una cierta tranquilidad en el ejecutivo asturiano porque de las reuniones preparatorias que, en algún caso contaron con la asistencia del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, no salió ningún planteamiento de partida que resulte insalvable como serían el pago de supuestas "deudas históricas", exigencias de bilateralidad o de ordinalidad en el reparto futuro de la financiación.
La fase dura, de negociación a cara de perro para asegurar los recursos que garanticen unos servicios básicos cada vez más costosos, todavía tardará en llegar. Antes el Principado buscará una posición consensuada con el resto de partidos políticos en la Junta General pero también con los agentes sociales para dotar de mayor fuerza a su posición. La búsqueda de alianzas con otros gobiernos regionales también está previsto en el libro de ruta del Gobierno asturiano, sabedor, por experiencias anteriores, de que en esta negociación, en la que están en juego nada menos que tres cuartas partes del presupuesto anual del Principado, las sintonías entre territorios están muy por encima de las afinidades ideológicas; por ejemplo, el Ejecutivo socialista asturiano tiene más intereses coincidentes con el gobierno gallego o con el castellano-leonés, ambos del PP, que con el de la andaluza Susana Díaz o el valenciano Ximo Puig, ambos del PSOE.
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