17 de enero de 2017
17.01.2017

Registro en la sede de UGT- Asturias: Las cinco claves del caso

La detención de ex secretario general de UGT y de otras cinco persnonas está relacionada con un presunto fraude con los cursos de formación subvencionados

18.01.2017 | 03:51
Registro en la sede de UGT- Asturias: Las cinco claves del caso

La detención de ex secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y de otros cinco dirigentes del sindicato y de empresas vinculadas a él está relacionada con un presunto fraude con los cursos de formación que subvencionaba el Principado. Las claves del caso son las siguientes.

1. Origen. La investigación comenzó en diciembre de 2014 a raíz de las pesquisas abiertas en Sevilla por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones para la formación recibidas por UGT. Su difusión hizo que un ex empleado de UGT en Asturias denunciara que hechos similares se habían producido en el Principado.

2. El inicio de la investigación. La Fiscalía abrió diligencias de investigación tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se denunciaba "una relación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. En diciembre de 2015 la Fiscalía denunció a UGT Asturias por fraude en subvenciones para formación. La juez instructora María Luisa Llaneza se hizo cargo de la investigación.

3. ¿Qué averiguó el fiscal?. El fiscal Gabriel Bernal apreció indicios de que sociedades vinculadas a UGT (Infastur y Localmur) hinchaban artificialmente facturas que pasaban a la Fundación IFES (también del sindicato) por alquileres de aulas y que luego se cargaban a las subvenciones del Principado. Supuestamente, el dinero extra era destinado a financiar gastos de la estructura del sindicato. Así, por ejemplo, el precio que facturaba la sociedad Localmur a IFES era sensiblemente superior al que le cobraban a Localmur por los arrendamientos los propietarios de los locales. La denuncia del fiscal estimaba que los hechos, de confirmarse, pueden ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.

4. ¿Qué alegan los representantes de UGT?. Negaron que los gastos fueran falsos o estuvieran hinchados y que habían sido aprobados, en última instancia, por la Administración regional. Argumentan que el precio del arrendamiento facturado a IFES incluía, además del precio del alquiler del local, los del equipamiento con ordenadores, mobiliario y otros servicios.

5. ¿Por qué se producen ahora los registros y las detenciones?. En junio del pasado año la juez instructora aceptó una petición de la Fiscalía para declarar "compleja" la causa, decisión que hizo posible que la instrucción se prolongara y se abrieran nuevas líneas de investigación.

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