La juez Pilar de Lara, que instruye en el juzgado de Lugo el “caso Pokémon”, ha autorizado que declaren en calidad de testigos el presidente de la Confederación Asturiana de Construcción, Serafín Abilio Martínez, y su hijo. La declaración, fijada para el próximo 23 de febrero, se produce a petición del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (Ocan), próximo a Podemos, y personado en la causa que investiga presuntas prebendas a políticos por parte de la empresa de aguas Aquagest a cambio de favores en concesiones.

La petición de Ocan nace de los “apuntes contables” del presunto conseguidor de la trama del agua, empleado de Aquagest y exalto cargo del PP asturiano, Joaquín Fernández: en concreto, de uno referido como “Comida SPA Naranco”, acerca de una cita que supuestamente se produjo el 8 de febrero de 2010 y a la que presuntamente acudió el exportavoz del PP e investigado en la causa Agustín Iglesias Caunedo. Ocan sospecha que ese encuentro, una comida, puede estar relacionado con las moratorias que el Ayuntamiento de Oviedo concedió a la obra del centro lúdico de Ciudad Naranco, en la que participaba Martínez. El contrato fue finalmente rescindido.