El deseo regulador de las actividades empresariales relacionadas con el surf que muestra la Demarcación de Costas tiene un precedente en el Principado en Castrillón, cuyo Ayuntamiento aprobó el año pasado una ordenanza pensada para "poner orden" en un sector que amenazaba con generar problemas de convivencia en las playas por su crecimiento.
"Lo que hicimos fue seguir la senda que abrieron en su día otros ayuntamientos españoles en cuyas playas es muy común la práctica del surf, como Zarauz (Guipúzcoa)", explica la concejala de Turismo castrillonense, Mar González. "La proliferación de la práctica del surf, de las escuelas de enseñanza y de todo lo que rodea a este deporte nos hizo ver que era aconsejable dotarnos de unas normas básicas, más que nada por un tema de seguridad", prosigue la edil. Y así fue que Castrillón dispone hoy de una ordenanza que limita a quince el número de escuelas de surf en el municipio (una cifra que está cubierta en más de la mitad de plazas), que obliga a los monitores que imparten enseñanzas a tener una formación mínima y que regula el ratio de alumnos por profesor para evitar masificaciones tan peligrosas como indeseables.
"Lo que no está en nuestra mente, de momento al menos, es cobrar canon alguno a las empresas de surf. Zarauz, por ejemplo, lo hace (entre 3.000 y 9.000 euros anuales)", asegura la concejala.
