La expansión del surf, y a su lado el progresivo incremento de la demanda de autorizaciones para la ocupación de playas, ha inducido a la Demarcación de Costas a elevar los requisitos para la instalación de escuelas que enseñan a este deporte en los arenales asturianos. La nueva regulación, según fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, exigirá a partir de este año la inscripción de las entidades en el Registro de Actividades Turísticas del Principado, la acreditación de la formación de los monitores o un seguro de responsabilidad civil.

Las nuevas condiciones se incorporarán a la licitación de los servicios de temporada en las playas asturianas sin que de momento haya decisión tomada sobre la posibilidad de que Costas cobre además un canon por el uso del espacio a imagen de la normativa que ya rige en la provincia de La Coruña, donde la instalación sale a doscientos euros mensuales impuestos por la Demarcación -con posibilidad de ser reducido en caso de que el adjudicatario sea una entidad sin ánimo de lucro- con la puerta abierta a que los ayuntamientos añadan otros cien. El ejemplo gallego se comentó sin determinación definitiva alguna en la reunión de coordinación que mantuvieron representantes de la Dirección General de Deportes del Principado, la Demarcación de Costas y la Federación Asturiana de Surf.

Allí sí se dieron de paso los plazos para la autorización de servicios de temporada en las playas. En el caso del surf, los ayuntamientos pueden solicitar la gestión de esta actividad en sus arenales en enero y febrero. En aquellos que no lo hagan, las escuelas deberán dirigir la petición a Costas en marzo. Por si cundiera en Asturias el ejemplo gallego, los empresarios adelantan que rechazarían el tributo. Es una cantidad excesiva para los sólo cuatro meses en los que se puede sacar rendimiento al surf en Asturias", razona ante la hipótesis Pelayo Suárez, de la escuela de surf Horizonte de Salinas. Lucas García, uno de los pioneros de la enseñanza de este deporte en la región, opina que "las escuelas, al menos la que estamos en regla, ya pagamos una buena cifra de impuestos, con lo que vería injusto que nos quisieran poner ahora otro más". Los profesionales de la enseñanza del surf critican la falta de información oficial sobre la pretensión de Costas y aventuran que, de llevarse a cabo, implicaría una subida de tarifas a los clientes: "Si los costes crecen, lo lógico es que eso repercuta en lo que pagan los alumnos", admite Lucas García. Algunos empresarios sí conciben una mínima esperanza de que la regulación de la actividad redunde en beneficios para el sector, de que " de una vez por todas, se ordene y controle y se persiga a los 'piratas'", señala Paulino Rodríguez, de la escuela de surf Las Dunas de Salinas.