El Gobierno del Principado se propone apretar los controles a la industria potencialmente contaminante sin alterar el equilibrio inestable "entre la actividad económica y un aire saludable". Para resolver ese juego de contrapesos usará de entrada 670.000 euros procedentes de la ley de crédito extraordinario que está pendiente de aprobación en la Junta. El dinero es la dimensión medioambiental de los 23 millones de inversión adicional al presupuesto de que dispone la Administración socialista como consecuencia de la elevación del objetivo de déficit en 2017 y la Consejería de Infraestructuras lo destinará a conocer y vigilar mejor la contaminación que ha enturbiado el aire, el político también, en este comienzo de año en Asturias.

La Consejera, Belén Fernández, se lo anunció ayer a los representantes de los dieciséis ayuntamientos del centro de la región más afectados por el problema, reunidos en Oviedo para tratar de consensuar un protocolo específico de actuación para episodios de polución elevada. Con ese dinero, les dijo, harán "estudios de caracterización de partículas y de contaminantes que pueden incidir en el estado del aire", instalarán "paneles informativos en el área central para que los ciudadanos conozcan en cada momento la calidad del aire que respiran" y prometen mejorar los equipos de vigilancia. Es ésta, junto a las carencias del personal, una de las persistentes demandas de diferentes colectivos que han denunciado la insuficiencia en los instrumentos de control. Se dotarán de "unidades móviles" para poder completar la medición de las estaciones fijas trasladándola a las inmediaciones de la fuente contaminante y "dispositivos de videovigilancia para controlar la actividad industrial".

Fernández se dirigía a los responsables municipales en una reunión en la sede de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que pretendía atraerlos al consenso de un protocolo coordinado para casos de extrema concentración contaminante. La titular de Infraestructuras les expuso de forma muy preliminar su pretensión de acordar un conjunto de medidas que vaya "más allá" de los planes de calidad del aire que ya rigen en los entornos de Gijón y Avilés y que sistematice las medidas a desarrollar "en los episodios más preocupantes".

Parada en el punto conflictivo del diálogo para convencer a la industria, a la que puede ensuciar el aire pero tiene por el mango la sartén del empleo, Belén Fernández asegura que "a veces, tratar de actuar eficazmente requiere adoptar medidas que no son cómodas" y se dispone a ser "exigente con las empresas" y a "seguir introduciendo refuerzos del control ambiental en las instalaciones industriales, exigiendo cada día con más rotundidad la incorporación de las mejores tecnologías disponibles". También sostuvo ante los congregados, repitiéndolo dos veces, que actuar para evitar que se dispare la contaminación en situaciones de estabilidad atmosférica puede equivaler a tomar "medidas absolutamente drásticas", e invitó entonces a los alcaldes y concejales presentes a "reflexionar si queremos eso o un equilibrio entre actividad económica y empleo y un aire saludable".

Nadie se negó a la búsqueda de acciones coordinadas, más bien al contrario, aunque las intervenciones registraron diferentes niveles de intensidad en las adhesiones al trabajo conjunto. El equipo de la Consejería expuso su diagnóstico y una propuesta genérica de remedios para empezar a caminar hacia la las soluciones concertadas.

La oferta incluye un protocolo único adaptable en las cuatro zonas en las que se divide Asturias a los efectos de la calidad ambiental -Gijón, Oviedo y Siero, Avilés y las Cuencas- y que muy someramente propone cuatro grandes líneas de actuación previstas para casos graves de anticiclones prolongados y contaminación elevada. Hay una de información a la ciudadanía, otra de reducción del impacto del transporte, una tercera dirigida a la industria -"para que en episodios de alta contaminación ejecuten determinadas medidas que incluso pueden estar previstas en las Autorizaciones Ambientales Integradas"- y una última que implicaría a diferentes actores para obtener "un compromiso cívico por el aire limpio".