La definición del contrato programa entre el Principado y la Universidad de Oviedo es el pilar principal donde debe asentarse cualquier plan de ciencia y tecnología para Asturias, que podría ver la luz a principios del próximo año. Se entiende que para esa fecha Principado y Universidad ya tendrán aprobado ese documento que oficializará y asegurará la aportación de la Administración regional a la Universidad, con criterios relacionados con los objetivos logrados.

El Consejero de Educación, Genaro Alonso, eludió ayer valorar "porque sería muy prematuro" esos primeros documentos sobre los que se asentará la política de Ciencia, Tecnología e Innovación en Asturias hasta el año 2022, pero hizo hincapié en la importancia de ese contrato programa entre el estamento político -el Principado- y el académico -la Universidad- que se hace de rogar y que parece haber perdido el carácter de urgente total que los interlocutores le daban no hace mucho tiempo.

Para aumentar la actividad investigadora el Rector plantea que debe apoyarse a los grupos de investigación suministrándoles una infraestructura básica para el desarrollo de la investigación y para ello, dice Santiago García Granda, son esenciales los recursos bibliográficos, las infraestructuras de los laboratorios y los servicios científico-técnicos.

"La reducción presupuestaria hace que estos recursos estén limitados en la actualidad", subraya el máximo responsable académico, "es necesario, además, que se fomente la captación de fondos europeos y que se cambie la mentalidad local de recursos compartimentados y dirigidos, hacia una mentalidad de líneas y proyectos estratégicos para el Principado". De esta forma, indica el Rector, los recursos humanos disponibles en la Universidad podrían desarrollar todo su potencial en todos los programas inversores del Principado.

En cuanto a las oportunidades de mejora, la Universidad considera fundamental dotar de apoyo y el asesoramiento a los grupos para aumentar su tasa de éxito a la hora de conseguir proyectos de investigación.

Asimismo, reclaman que faltan mecanismos que faciliten la gestión económica de los proyectos de investigación, además, por supuesto, del establecimiento y desarrollo de convenios con instituciones públicas y empresas que mejoren la financiación de los grupos y favorezcan la realización de productos de transferencia del conocimiento.

El Consejero Genaro Alonso se refirió ayer a los planes de oferta de empleo público de Infantil y Primaria, para recordar que esa cifra de 348 puestos de trabajo fijos en juego que baraja la Administración y también los sindicatos no es definitiva.

"Si se puede la aumentaremos", prometió Alonso, que reconoce que la Consejería está pendiente de la futura Ley de Presupuestos (si es que los hay, que está por ver).

En principio los cálculos iniciales parten de una tasa de reposición del cien por cien (es decir, el mismo número de profesores jubilados como de plazas ofertadas). Si no se ha tomado la decisión de concretar el número exacto de plazas en las oposiciones asturianas "es porque sería una imprudencia adelantarnos", dice el Consejero.