El Principado impulsará la retirada de símbolos franquistas en toda la región. La Dirección General de Justicia ya ha solicitado la colaboración de los 78 ayuntamientos de la región para localizar escudos, insignias, placas u otros objetos que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión durante la dictadura de Franco. Además, la Administración regional suscribirá un nuevo convenio con la Universidad para actualizar el mapa de las fosas comunes y la base de datos de las víctimas, según se acodó ayer tras la reunión de la comisión técnica de expertos, que presidió el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
La consulta del Principado a los ayuntamientos ya tiene sus primeros resultados: 57 ayuntamientos han remitido su información, 27 de ellos cuentan con algún vestigio del régimen franquista mientras que otros 30 aseguran no tener constancia de su existencia. Una vez que el Principado disponga de la información la pondrá en manos de la comisión de expertos que deberán informar si procede la retirada de esos símbolos o si, por el contrario, procede su permanencia ya sea por si significado histórico, su valor artístico o artístico-religioso o por algún tipo de criterio técnico.
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, destacó la iniciativa de actualizar el mapa de las fosas comunes, que "tendrá una partida de 25.000 euros en los presupuestos de este año". En el estudio realizado en 2010, la Universidad identificó un total de 343 enterramientos que se reparten entre 55 municipios, tras un convenio que en aquella ocasión firmó una consejera de IU, Noemí Martín.
Además, el Principado recuperará en este año las ayudas a las asociaciones y familiares de represaliados, que tendrá una partida en las cuentas de este año de otros 25.000 euros. "Asturias asume un compromiso firme para la reparación y el reconocimiento de quienes sufrieron persecución y fueron víctimas de la contienda y de la represión posterior", declaró Martínez al término de la reunión, que contó con la asistencia de la nueva directora de Justicia, Encarnación Vicente; la directora general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo, la directora del Archivo Histórico Provincial, Concepción Paredes y la secretaria de la comisión, Consuelo Tello.
