Pese al acoso que viene sufriendo en los últimos meses, y las exigencias, incluso por parte del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de que finalice la instrucción de sus casos, la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado número 1 de Lugo, continúa con la investigación del "caso Aquagest", sobre cuya jurisdicción está, en teoría, decidiendo la Audiencia Nacional. La jueza ha citado a declarar como investigados, para el próximo 27 de febrero, al actual alcalde de Tineo, el socialista José Ramón Feito, al alcalde de Coaña, Salvador Méndez (PP), a la teniente de alcalde de ese mismo ayuntamiento, Rosana González, y al portavoz del PP en el ayuntamiento de Nava, expresidente de los Lagareros de Asturias, José María Osoro, para que expliquen sus relaciones con el "conseguidor" de Aquagest, Joaquín Fernández, ex vicesecretario de Comunicación del PP asturiano. Los cuatro están citados tras la presentación de informes ampliatorios de Vigilancia Aduanera sobre la relación de Joaquín Fernández con los ayuntamientos de Tineo, Coaña y Nava. Feito está citado como investigado por cohecho; Méndez y González, por cohecho y tráfico de influencias; y Osoro, por tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.

La jueza también ordena ampliar la investigación sobre el servicio del agua en el ayuntamiento de Colunga, a la vista del contenido de un informe de Vigilancia Aduanera en el que constan viajes pagados por Aguas de Barcelona (Agbar) tanto al alcalde socialista Rogelio Pando Valle como a la secretaria de Mujeres del Mundo Rural, la también colunguesa Esther Freile. La jueza hace referencia a un informe del Tribunal de Cuentas "donde podrían detectarse irregularidades, así como un informe del interventor municipal".

Los cuatro citados como investigados ya estuvieron imputados en el caso de los viajes pagados por Aquagest, que instruyó el Juzgado número 3 de Avilés, aunque fueron exonerados al haber prescrito los presuntos delitos de cohecho impropio que se les imputaban. En el caso de Osoro, amigo personal de Joaquín Fernández desde los tiempos de Nuevas Generaciones, este político naveto aparece en los informes de Vigilancia Aduanera en conversación con Joaquín Fernández, que le indica la forma de preparar tres ofertas para el servicio del agua. En un auto anterior, de noviembre de 2015, la jueza no veía aún indicios para imputarle, a la espera de recabar la documentación al ayuntamiento de Nava. En cualquier caso, le daba la oportunidad de ejercer su defensa en calidad de imputado, aunque no hubiese sido citado a declarar. Osoro ya indicó en su día que el citado contrato era de 6.000 euros y que finalmente no se concedió a Aquagest.

En la providencia dictada por la jueza De Lara el pasado 27 de diciembre, también se da cuenta de la presentación en el Juzgado de informes ampliatorios de las relaciones del "abrelatas" de Aquagest con los ayuntamientos de Cangas del Narcea, Tapia de Casariego, Castropol, Pravia, Gozón y Ribadedeva, con la empresa Covami XXI, Gráficas Naranco y Sabico, con el PP de San Martín del Rey Aurelio, así como de la prestación de servicios al exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo y el exconcejal del PP gijonés, Manuel Pecharromán, y los gastos de Aguas de Barcelona (Agbar) abonados a autoridades y funcionarios a través de Aquagest.