El diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha respaldado esta mañana el Real Decreto-Ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. "Son un avance necesario tras las últimas subidas del recibo de la luz", ha valorado. A su juicio, representan además una opción "para aliviar la factura que en Asturias tiene registrados del orden de 36.000 beneficiarios de los que la gran mayoría, 21.000, lo son porque su punto de suministro tiene contratados menos de tres kilovatios. Un total de 3.500 se acoge al bono social por tener a todos los miembros de la unidad familiar en paro, mientras que los 12.500 restantes se reparten entre las familias numerosas y los mayores de 60 años con pensiones mínimas”.

Sostiene el parlamentario asturiano que la reforma que prohíbe la suspensión del suministro a los consumidores vulnerables no es, sin embargo, suficiente, "ya que el Gobierno tiene que seguir avanzando en las reformas para que en España se establezca un mercado eléctrico homologable con los países europeos y que ponga fin a que los hogares españoles paguen la tercera electricidad más cara de Europa antes de impuestos o que nuestra industria esté severamente amenazada”.

Oblanca, por otro lado, también justificó el voto favorable de su formación al Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, aprobado ayer, poniendo el doloroso ejemplo del éxodo de jóvenes y el acentuado declive demográfico de Asturias. El Principado, dijo el parlamentario en su intervención, "lleva varios años consecutivos instalado en el ´farolillo rojo´ de la tasa de población activa", con una huida de mano de obra juvenil que "incide en su proceso de decadencia" y "en el gravísimo problema demográfico que supone tener el envejecimiento de la población más acusado de España y uno de los más altos de Europa".

Según las cifras que expuso Martínez Oblanca en la cámara, "en 2015 se fueron de Asturias 7.750 jóvenes que allí son conocidos como ´leyendas urbanas´ tras una lamentable definición de un antiguo presidente autonómico socialista", en referencia a Vicente Álvarez Areces. Por eso es pertinente el apellido de "urgentes" para las medidas de incentivo del empleo juvenil que persigue el Real Decreto-Ley aprobado ayer. La iniciativa del Gobierno salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria, además de Foro, y las abstenciones de Unidos Podemos, ERC, PNV y el PDECat.

El nuevo procedimiento trata de mejorar la inscripción de jóvenes en el sistema nacional de garantía juvenil, una iniciativa europea que pretende perfeccionar el acceso al mercado laboral de los menores de treinta años y que cuenta con unos 420.000 inscritos en España de los que 145.000 han encontrado un trabajo. La medida que el Gobierno sacó adelante ayer prevé, entre otras medidas, la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta transformación trata de incentivar la cotización a la Seguridad Social a través de la tarifa plana de trabajadores autónomos o la contratación para la formación y el aprendizaje que beneficien a jóvenes inscritos en el sistema.

La Comisión Europea ha asignado a España ya un total de 2.360 millones de euros (1.887 fijados por las instituciones europeas y 473 dedicados por España) para el cumplimiento de la recomendación de la Garantía Juvenil a través del programa operativo de empleo juvenil en España hasta 2020, a ejecutar hasta 2023.