La Universidad puede aspirar a solo un 11% de las ayudas del plan de I+D+i del Principado. El plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, en el capítulo orientado a articular un sistema de Ciencia y Tecnología de proyección internacional, reserva poco más de uno de cada diez euros a programas orientados a la Universidad. Los otros 9 euros se reservan para acciones de I+D+i en la empresa o centros tecnológicos ajenos a la institución académica. En cifras globales, de los cerca de 7 millones de euros de ayudas de la Dirección General de Innovación para este año, solo 880.000 euros tienen como destinatario principal a la Universidad o alguno de los organismos públicos de investigación que operan en el Principado, incluyendo en este caso el programa "Jovellanos", orientado a la contratación de titulados universitarios además de facilitar la movilidad de personal en el sector privado para impulsar la I+D+i. Una realidad que viene a afianzar las quejas recogidas en el nuevo plan de Investigación de la institución académica, donde se alude a que la financiación de la I+D+i autonómica se ha enfocado básicamente al sector empresarial, desapareciendo prácticamente de todas las convocatorias de ayudas a la investigación dirigidas a la Universidad.
El Principado vuelve a sacar un plan de retorno del talento, sin cambios sobre el de 2016, que no recibió candidaturas, con una partida inicial de 600.000 euros.
Al respecto, la diputada de Podemos Lorena Gil denunció ayer que "el Gobierno hace dumping desleal invisibilizando a la Universidad en su política de I+D+i". Gil especificó que en el período 2011-15, 24 grupos empresariales recibieron un total de 257 ayudas de I+D+i por importe de 14,42 millones de euros, lo que suponía el 50,3% del total financiado en ese período. Según Podemos, el esfuerzo financiador debe ser equilibrado entre el tejido empresarial, la Universidad y los centros tecnológicos.
Por otro lado, Izquierda Unida planteó ayer, ante la próxima renovación del presidente del Consejo Social de la Universidad, que, aún reconociendo la positiva labor desarrollada hasta ahora por el actual cargo, Ladislao Azcona, se debería apostar por "una persona de consenso". IU pide que quien asuma esta posición "represente a la sociedad asturiana sin ningún género de duda y pueda recabar una aceptación generalizada por parte del Gobierno, la Junta General y la comunidad universitaria". El actual presidente fue nombrado en septiembre de 2012. Según la Ley del Consejo Social el nombramiento es por cuatro años y corresponde al Consejo de Gobierno del Principado, a propuesta del titular de la Consejería con competencia en Universidades.
