¿Quién no ha sufrido la enrevesada literatura judicial? Los juzgados de Familia números 7 y 9 de Oviedo son los primeros de Europa en acompañar las habituales y complejas sentencias y citaciones judiciales con una "traducción" a un lenguaje sencillo y comprensible para personas con discapacidad intelectual. Aunque seguro que la agradecerían todos los ciudadanos.

El singular proyecto es posible con la colaboración de la asociación Plena Inclusión, que representa a más de 7.000 personas en Asturias. Así se consigue que la sentencia oficial (que sigue siendo la legalmente válida) va acompañada de un anexo en el que se explica al interesado, por el método de "lectura fácil", el procedimiento, lo que tiene que hacer, la decisión del juez y sus consecuencias.

La experiencia piloto ha arrancado con dos supuestos, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Ignacio Vidau, señaló que negociará con el Principado para conseguir financiación que permita no sólo mantener el proyecto, sino hacerlo extensivo a todas aquellas personas que sufran problemas de accesibilidad cognitiva, como pueden ser inmigantes o personas con demencia en un estadio inicial.

La idea de aplicar el método de "lectura fácil" partió de las juezas de Familia de Oviedo, Reyes Rico y Asunción Velasco, con la colaboración del magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Oviedo, Juan Carlos García, quien además es el delegado en Asturias del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente del TSJA presentó ayer la iniciativa junto con los jueces implicados y la gerente de Plena Inclusión en el Principado, Casilda Sabín.

La aplicación de este método sólo tiene un antecedente en México, en el caso de un joven con incapacidad intelectual que quiso recurrir la sentencia por la que se le inhabilitaba y que le fue explicada en sólo 10 frases. En España hay un precedente, pero que consistió en trasladar al método de "lectura fácil" unas sentencias antiguas.

Los Juzgados de Familia de Asturias van a aplicar el sistema desde el inicio del procedimiento, ya en la fase de citación, explicando al interesado en un lenguaje llano por qué recibe la citación, las opciones que tiene, cuánto tiempo tiene para contestar y lo que debe de hacer.

Lo mismo ocurrirá con la sentencia judicial. La oficial llevará un anexo en el que se explica qué es una sentencia, qué significa y cómo le va a afectar en su día a día. Es decir, si deberá tener un tutor, si podrá manejar dinero, decidir sobre su salud y su alimentación, e incluso si podrá votar o no.

El magistrado Juan Carlos García explicó que aplicar este sistema "no es sólo un acto de voluntarismo, de querer acercar la Justicia a todos los ciudadanos, sino que existe la obligación legal de hacerlo". Admitió que "el lenguaje jurídico es tríptico, a veces oscuro, con sentencias muy largas y densas y términos cuyo significado es distinto al convencional". Por todos estos motivos, es necesario que esta experiencia piloto no sólo se consolide sino que se extienda. "El problema de accesibilidad cognitiva no sólo es para las personas que sufren discapacidad intelectual. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con extranjeros, que reciben una expulsión administrativa y no entienden las implicaciones".

La juez Asunción Velasco destacó que la aplicación del modelo de "lectura fácil" es beneficioso también para las familias. "El procedimiento de reconocimiento de una discapacidad intelectual es duro para ellas, sobre todo para explicárselo al implicado en casos, por ejemplo, de una demencia aún leve, o de una persona joven que sufre una enfermedad en la que tiene fases en las que está estupendamente y otras en las que no tiene capacidad para tomar decisiones". Según explicó, "con este sistema es el juez el que explica al interesado por qué se toma la decisión de incapacitarle y que es por su bien, para protegerle, de tal manera que él lo puede entender y la familia también se siente respaldada".

La gerente de Plena Inclusión en Asturias mostró el agradecimiento de esta organización de ámbito nacional por esta iniciativa pionera a nivel europeo. "Se morirán de envidia en el resto de España cuando sepan lo que se está haciendo aquí", aseveró.

El procedimiento consiste en que el Juzgado traslade a Plena Inclusión los documentos y sus técnicos lo traducirán a un lenguaje sencillo. "Se crea además un pequeño yacimiento de empleo, porque habrá que contratar a personas con discapacidad que ayuden en el proceso. Si ellos no entienden los documentos, significará que lo hemos hecho mal ", explicó Casilda Sabín antes de indicar que esta organización tratará de extender la iniciativa a todo el país. De momento es esta ONG la que ha corrido con los gastos, pero se confía en el apoyo del Principado para impulsar la iniciativa.