La Junta General del Principado ha dado de paso esta mañana por unanimidad el inicio de la tramitación parlamentaria de una nueva ley que regule la Inspección General de Servicios del Principado. La propuesta de Ciudadanos ha contado con el respaldo de todos los grupos para una iniciativa que pide apuntalar legislativamente y actualizar los instrumentos internos de control de la administración autonómica. El diputado de la formación naranja Armando Fernández Bartolomé ha defendido una intervención urgente por cuanto los controles han fracasado con reiteración en los recientes escándalos de corrupción que afectan al sector público autonómico y ha asegurado que su propuesta "tiene como eje central la rendición de cuentas por parte de las administraciones. Se establecen cauces de comunicación tanto para las quejas de los ciudadanos como para los propios empleados públicos, preservando su anonimato y su protección", ha destacado. La iniciativa ha contado con el respaldo de toda la oposición, acompañada con apelaciones al consenso y críticas a la inflación de iniciativas legislativas relacionadas con la lucha contra la corrupción administrativa que han entrado en la Junta. La propuesta de Ciudadanos se suma a la ley de oficina anticorrupción que el parlamento tramita a propuesta de Podemos y a las leyes de transparencia y buen gobierno que impulsa el Ejecutivo, que fracasó en la pasada legislativa y se encuentra en su fase inicial de tramitación. El PP ha insistido en su sugerencia de unificación de las iniciativas legislativas presentadas en esta materia que encontró el asentimiento de IU, la vocación de consenso del PSOE y cierta resistencia de parte de Podemos. "Preferimos el acuerdo con cuatro leyes bien sistematizadas", ha dicho el diputado Enrique López, "que una empantanada como sucedió en la legislatura pasada con la de transparencia".
