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La jueza sobresee el caso de los contratos de La Productora con Sanidad

"No se pueden penalizar conductas - que son meras irregularidades administrativas", concluye el auto judicial

La "Mareína" no llegará a juicio. La titular del Juzgado número 2 de Oviedo acaba de acordar el sobreseimiento provisional de la investigación abierta sobre los contratos de algo más de un millón de euros que la consejería de Sanidad adjudicó con empresas del grupo La Productora entre los años 2004 y 2009. La jueza Simonet Quelle sostiene que los hechos objeto de esta investigación "no son más que meras irregularidades administrativas" y que no hay materia penal en las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas.

El juzgado investigó siete contratos en los que la Sindicatura había detectado "anomalías", relacionados con los Centros de Formación al Consumidor (CFC), suscritos por la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo con la empresa Inter, Infancia y Territorio, perteneciente al grupo de La Productora, durante la etapa del gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces.

Este caso se conoce como "la Mareína", puesto que se trata de una investigación de menor calado procedente de "Marea", la mayor operación de corrupción en la Administración del Principado que está pendiente de sentencia y en la que han sido juzgados el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la que fue su "número dos", María Jesús Otero, y la funcionaria Marta Renedo, como principales encausados.

La Sindicatura había señalado una serie de "irregularidades e incidencias en la tramitación de expedientes" que "estaría propiciando una posición de ventaja a favor de una de las empresas de La Productora". La jueza instructora sostiene que "no se pueden penalizar conductas que no son más que meras irregularidades administrativas". En esta pieza separada del caso Marea, ahora objeto de sobreseimiento, estaban imputados el exdirector de la Agencia de Sanidad, Juan José Llaneza; la exdirectora de Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural, Eva María Sánchez y tres exjefas de servicio. Las defensas de los imputados, entre las que figura la abogada Ana García Boto, había pedido el sobreseimiento, que finalmente ha sido aceptado por la jueza instructora. Esta decisión judicial supone el paso previo al archivo de la instrucción judicial.

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