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Encarcelado en Asturias ante el riesgo extremo de que matara a su pareja

El juez aplica el último recurso que permite la ley a un hombre que recorrió varias provincias con un cuchillo persiguiendo a su expareja y violó todos los requerimientos

Encarcelado en Asturias ante el riesgo extremo de que matara a su pareja

Lo cogieron a punto de cometer el crimen. Armado con un cuchillo, recorrió varias provincias para llegar a Asturias y matar a su expareja. El juez que instruye la causa decretó que la mujer sufre un riesgo extremo y que sería prácticamente imposible evitar que el agresor intentara matarla, pese a las órdenes de alejamiento, incomunicación, las pulseras de vigilancia permanente e incluso la expulsión del municipio o de la provincia. Así que en este caso en concreto se ha aplicado el último recurso que permite la ley: el ingreso en prisión.

Cuando no se ha cumplido aún la mitad del segundo mes del año, ya se han registrado 10 mujeres muertas por violencia machista. En 2016 fueron 53 las mujeres asesinadas, dos de ellas en Asturias.

Y pese a lo que dicen las estadísticas, el riesgo extremo en los casos de violencia machista es difícil de detectar. El sujeto que decide matar a su pareja o expareja es inmune a las amenazas y a la intimidación. Las órdenes de protección son irrelevantes para ellos. Y el cuestionario de 39 preguntas que en la Policía se les realiza a las mujeres cuando acuden a denunciar los malos tratos no permite en muchos casos descubrir el nivel de violencia que el agresor puede llegar a alcanzar.

En Asturias existen dos casos de riesgo extremo -once en España- del que no trascienden los datos por seguridad de las víctimas. Julio Martínez Zahonero, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés, con competencia en materia de violencia de género, y presidente de Jueces para la Democracia, asegura que "este tipo de casos son escasos. El cuestionario que se realiza en la Policía es orientativo, fiable hasta cierto punto. Somos los jueces quienes, con el resultado del test y las declaraciones de los implicados, tenemos que hacer una valoración en pocas horas y con pocos datos para decidir las medidas cautelares a adoptar, como es la orden de alejamiento".

El grado del riesgo que corre la víctima no lo decide el juez, sino que viene establecido por el cuestionario de 39 preguntas que la Policía realiza a las víctimas. El resultado, en todo caso, no es vinculante. El test puede concluir que no se aprecia riesgo o que es bajo, moderado, alto y extremo. "Pero por sí solo no es definitivo. Se dan casos en los que puede resultar que el riesgo es bajo y sin embargo, al tomar declaración, te das cuenta de que no es así, porque existen lesiones físicas. Es decir, no concuerdan las respuestas de la víctima con lo que ves. Y también puede ocurrir lo contrario. En cualquier caso, como jueces tenemos que tener en cuenta que existe un riesgo", explica Martínez Zahonero.

Los jueces dan o no orden de protección en función del riesgo que detectan para la mujer. La más habitual es con prohibición de aproximación y comunicación. "El agresor no necesita acercarse a la víctima físicamente. Lo hace por teléfono, llamándola y enviándole mensajes. Esto no es un riesgo vital, pero es suficiente pero sí psicológico muy elevado para ella", remarca el juez.

La protección policial puede significar la aplicación de diferentes medidas según el riesgo detectado. La primera es darle a la víctima un teléfono de contacto permanente con expertos de la Policía y vigilar de manera aleatoria los pasos del agresor y de la mujer sin que los agentes sean detectados. Pero la vigilancia puede ir aumentando hasta convertirse en permanente, sobre todo en los casos de quebrantamiento de la orden de alejamiento e incomunicación por parte del agresor. En estas situaciones se puede ordenar el uso de pulseras de alarma y GPS para tener permanentemente controlada la localización tanto del agresor como de la víctima.

En algunas ocasiones, cuando ha existido un quebrantamiento reiterado de la orden de alejamiento e incomunicación pese a todas las medidas de protección, el juez llega a decretar incluso la expulsión del agresor de la localidad o del municipio en el que reside la víctima. Y si pese a todas estas medidas, el riesgo extremo se mantiene el juez puede optar por aplicar el que se considera el último recurso: la prisión provisional.

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