Los poderes públicos han dispensado, hasta ahora, una escasa atención y han realizado pocos esfuerzos para poner a disposición de los ganaderos una parte del territorio agrario actualmente improductivo o mal aprovechado. Es esta una consideración pertinente por tratarse de actores, -los poderes públicos- cuyo concurso resulta imprescindible para el buen fin de la iniciativa.
La explicación de este desinterés de la acción pública, tanto normativa como ejecutiva puede radicar, quizás, en la ausencia de una visión consolidada sobre la función económica y social de los espacios comunales de la región y de la necesaria eficacia de su régimen de gobierno, uso y aprovechamiento. Una impresión que se repite de nuevo al observar la ausencia de criterios económicos a la hora de valorar y explotar las masas forestales y las praderas de montaña.
La nueva orientación de la PAC, caracterizada por el proceso de desacoplamiento de las ayudas, desvinculadas de los parámetros de producción y basadas en la "superficie agraria realmente utilizada", coloca en primer plano el insustituible papel de los montes comunales y de los montes de propiedad pública tanto para incrementar la base tierra que permita mejorar la rentabilidad de las explotaciones hasta el umbral de su máximo potencial como para aumentar el monto de las ayudas.
El cambio en la política de ayudas de la UE no se agota en el cambio de los parámetros base utilizados para la obtención de ayudas. De hecho, se acaba una etapa diseñada para el cumplimiento de unos objetivos y se abre otra distinta basada en un planteamiento multisectorial y territorial, que busca una nueva legitimidad que justifique, económica y socialmente, el mantenimiento -si bien menguado- de las ayudas. Legitimidad que parece encontrar en el concepto de multifuncionalidad.
Un concepto, la multifuncionalidad, que descansa en la presencia simultánea e interactiva de tres dimensiones: económica, de ocupación y ordenación del territorio, y de medio ambiente y paisaje; que responde a las nuevas preocupaciones de la política comunitaria orientada al mantenimiento del mundo rural y que combina un acertado planteamiento estratégico con la ambigüedad intrínseca de aquellos conceptos en los que prima el carácter abierto de sus contenidos y la maleabilidad en cuanto a su interpretación. Así, frente a la mecánica más estricta del sistema anterior se abre a una cierta ambigüedad conceptual y a una cierta relativización en el sistema del cálculo para la obtención de las ayudas.
Desde la perspectiva de Asturias, la insuficiencia del nuevo sistema, que teóricamente primará a áreas y explotaciones que disponen de vastas extensiones de tierra, obligará a identificar alguna de nuestras peculiaridades o hechos de carácter diferencial que puedan encajar, en el futuro, en un marco de ayudas ampliado o complementario.
En principio, es probable que este encaje pueda realizarse a través del concepto de "Regiones de Montaña". El problema radica en que, este concepto, pese a ser una realidad evidente, que acoge diferentes tipologías y que representa el 30% del territorio de la UE, no goza de una definición específica ni estratégica dentro de su política regional. Solamente existe un único programa específico en ejecución en el marco de la "Agencia para las Regiones de Montaña": el denominado "Convenio de los Alpes" y, más recientemente, el "Convenio para las Regiones de los Cárpatos". Además, nos encontramos con un inconveniente añadido para la aplicación de este concepto. Y es que los usos citados se refieren a áreas de carácter transnacional, alpinas, con grandes recursos turísticos y muy pobladas. De modo que es muy difícil la homologación con el Suroccidente asturiano. No obstante, con tenacidad e imaginación, se podría buscar su encaje a través de las variables identificativas más características de nuestro territorio.
Otra tipología de problemas que Asturias debería explotar se encuentra en el concepto de Zonas Desfavorecidas (ZF), un gran espacio de vulnerabilidad a la aplicación estricta a los criterios de mercado que no de marginalidad pues representa el 55% de la SAU europea y el 88% de la española y cuyos criterios de definición no están claramente determinados. Asturias se encuentra en el 4º grupo que engloba a 34 regiones de la UE en las que la ZF supone más del 85% de la SAU junto a otras cinco provincias españolas y solo está por debajo de Canarias. Otra tarea para la agenda pública.
Al igual que en las sociedades rurales, en las áreas de montaña conviven varias tipologías, pero las tres variables identificativas: altitud, pendiente y accesibilidad difícil están presentes en el 90% del área suroccidental
Respecto a los poderes públicos, la acción inmediata que se debe reclamar pasa por la elaboración de un miniinventario de acciones prioritarias y urgentes que permitan utilizar las potencialidades inertes que existen en el agro astur. Es particularmente necesaria la actuación sobre los Pastos Arbustivos y el Forestal que representan el 65% del territorio regional (según su clasificación en el SIGPAC). El cruce de la información pormenorizada de los epígrafes anteriores con un adecuado desglose de la superficie de carácter público (38,4% del territorio regional) nos ofrecería un panorama que ha caracterizado, de forma más genérica, el departamento de Geografía de la Universidad: "?la indefinición, falta de deslinde y configuración de la propiedad colectiva, fundamentalmente montes públicos de carácter comunal, la mayoría declarada Montes de Utilidad Pública, dificulta la asignación de derechos de estas superficies a las explotaciones ganaderas para reforzar su base territorial".
No se trata de proponer un plan de acción, ni mucho menos un programa, sino de sugerir o relacionar algunas labores o tareas cuya realización deberían de ocupar las preocupaciones de los poderes públicos, entre otras:
-La normalización de los diferentes tipos de montes colectivos y la clasificación de sus titularidades.
-La revisión del catálogo de utilidad pública, que acoge en muchos casos espacios de escaso valor medio ambiental y de clara vocación pastable, y que exige su descatalogación.
-La modificación del régimen de tutela de los montes de utilidad pública, lo que implicaría devolver la capacidad de decisión a los ayuntamientos y entidades vecinales, sus propietarios o titulares.
-La importancia de las superficies de uso en común de propiedad municipal exige la adaptación de las ordenanzas municipales para favorecer su mejor aprovechamiento.
-Intervenir para propiciar la salida al mercado de las explotaciones sin sucesión, para lo que existen experiencias interesantes en diversos países europeos que cuentan con políticas activas sobre el particular y esperanzadores resultados.
-Intervención sobre el espacio del pasto arbustivo-306.085 hectáreas, 28,8% del territorio regional-, que en general tiene escasa presencia forestal y posibilidades, si bien limitadas, para su aprovechamiento como pastizal.
En Cangas del Narcea el 83,7% de la superficie tiene una pendiente superior al 30% y los pastos arbustivos además de la presencia de plantas leñosas traspasan regularmente el 14% de pendiente, umbral que señalan los técnicos como límite para usar medios mecánicos. Sin embargo, a pesar de esos inconvenientes pueden ser muy interesantes para recuperar la
