El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre se ha declarado inocente ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo y de la fiscal anticorrupción, Esperanza González Avella, durante su comparecencia por una pieza separada del "caso Marea". Una vez más, y respondiendo sólo a las preguntas de la magistrada, insistió en que no era de su competencia firmar los contratos de suministro a los centros educativos de Asturias.
La que fue su mano derecha, María Jesús Otero, también declaró su inocencia, tras declarar antes de entrar en los juzgados que estaba "tranquilísima". Los empresarios Víctor Manuel Muñíz, de Igrafo, y Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín, se acogieron a su derecho a no prestar declaración.
Los cuatro tuvieron que declarar ayer por una investigación complementaria por supuestos desembolsos millonarios en 2009 y 2010 para abonar material escolar que nunca se habría entregado.
Los abogados Javier Dapena, en representación de Alfonso Sánchez, y Miguel Valdés Hevia, por Víctor Manuel Muñiz, rechazaron ayer que ambos acusados declarasen porque "esto es una reproducción de algo que ya se ha juzgado", en referencia al "caso Marea", cuya sentencia está previsto que se haga pública en la segunda quincena de marzo.
Mientras Dapena insistió en que esta nueva investigación responde a "motivaciones secundarias y no a hacer justicia", y con cierto sesgo político, Valdés Hevia se inclinó más por la "negligencia o incompetencia" en la Administración del Principado. "Tuvieron desde 2011 para hacer un informe, y esperaron hasta 2015. Intentaron que entrase en el juicio de Marea y ya entonces se lo impidieron. Y ahora vienen con estas", indicó Dapena con el asentimiento de Valdés Hevia.
Ambos letrados negaron que existiera una connivencia entre Riopedre, Otero y los dos empresarios para lucrarse a cargo de los fondos públicos. "Esto es un caso ya juzgado. Somos hasta los mismos abogados. Vamos a ver como se desarrolla la instrucción, aunque esperemos que tenga poco recorrido", afirmó Dapena.
