El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y la que fue su mano derecha, la directora de Planificación María Jesús Otero, se declararon ayer inocentes de la supuesta compra y abono de unos cuatro millones de euros en material escolar que nunca llegó a los centros educativos asturianos o se entregó pero sin que hubiera sido solicitado, según una auditoría del Principado. "Soy inocente", proclamó el exconsejero ante la jueza del Juzgado de instrucción número 4 de Oviedo.
Los empresarios también investigados por este caso, Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín, y Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, se acogieron a su derecho a no declarar al entender sus abogados que estos presuntos hechos ya han sido juzgados en el "caso Marea", cuya sentencia está previsto que se conozca en la segunda quincena de marzo.
Los cuatro investigados tuvieron que acudir ayer al Juzgado por una investigación complementaria por supuestos desembolsos millonarios en 2009 y 2010 por la compra de material escolar, desde mesas y sillas hasta ordenadores, que presuntamente no se entregó jamás o llego na aquellos centros que no lo habían solicitado.
Iglesias Riopedre fue el único que contestó, de manera escueta, a las preguntas de la jueza y de la fiscal anticorrupción, Esperanza González Avella. El exconsejero, que antes de entrar al Juzgado afirmó "yo soy inocente", insistió una vez más en que no era de su competencia firmar los contratos de suministro a los centros educativos de Asturias. Según fuentes judiciales, Riopedre indicó que el trámite de las contrataciones pasaba por todos los filtros de cada escalafón de la Consejería hasta que le llegaba a él para firmar.
La que fue su número dos, María Jesús Otero, dijo antes de acceder al edificio judicial que estaba "tranquilísima", y ante la magistrada y la fiscal anticorrupción también declaró su inocencia, pero sin responder a preguntas.
Los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín, se acogieron a su derecho a no declarar. Su abogados, Miguel Valdés Hevia y Javier Dapena, respectivamente, rechazaron ayer que ambos acusados declarasen porque "esto es una reproducción de algo que ya se juzgó", en referencia al "caso Marea".
Mientras Dapena insistió en que esta nueva investigación responde a "motivaciones secundarias y no a hacer justicia", e incluso señaló cierto sesgo político, Valdés Hevia se inclinó más por la "negligencia o incompetencia" en la Administración del Principado. "Tuvieron desde 2011 para hacer un informe, y esperaron hasta 2015. Intentaron que entrase en el juicio de Marea y ya entonces se lo impidieron. Y ahora vienen con estas", indicó Dapena.
El abogado de Almacenes Pumarín afirmó que la actuación del Principado de Asturias en este caso "no es ni leal, ni ética, ni consecuente jurídicamente y carece totalmente de sentido".
El letrado puso un ejemplo para explicarse "mejor": "Si a una persona la violan nueve veces, lo que no puede es acordarse cinco años después de que la han violado una décima. Es más de lo mismo, es exactamente lo mismo".
Ambos letrados negaron que existiera connivencia entre Riopedre, Otero y los dos empresarios para lucrarse a cargo de los fondos públicos. "Esto es un caso ya juzgado. Somos hasta los mismos abogados. Vamos a ver la sentencia de Marea y también cómo se desarrolla la instrucción, aunque esperemos que tenga poco recorrido", afirmó Dapena.
El siguiente paso en esta fase de instrucción corresponde a la jueza, aunque lo previsible es que cite a declarar a los directores de los centros educativos que figuran en las facturas de las compras realizadas por la Consejería de Educación en los años 2009 y 2010. Eso supondría tomar declaración a casi 90 personas.
La nueva investigación parte de la denuncia interpuesta por la Fiscalía, a la que el Principado remitió un informe sobre supuestas irregularidades. En este sentido, los letrados indicaron que la Fiscalía había cumplido con su deber.
