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Las afectadas avisan de que alergias a la vacuna del papiloma terminan silenciadas

Recogen firmas para detener las inmunizaciones El Consultivo planteó en 2014 indemnizar por el caso de la menor que falleció en Asturias

Las afectadas avisan de que alergias a la vacuna del papiloma terminan silenciadas

Tres mil notificaciones de reacciones adversas, correspondientes a más de mil niñas y seis fallecimientos, entre ellos el de Andrea, la niña de 13 años del Cerillero, en Gijón, que murió en 2012 y cuyo caso acaba de reconocer la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Estas son las consecuencias a nivel nacional de la vacuna del papiloma, según la Asociación de Afectadas, con sede en Valencia, que ahora está recogiendo firmas para forzar una moratoria de estas inmunizaciones. A nivel europeo, se habla de 45.000 reacciones adversas. Las afectadas exigen, según señala su presidenta, Alicia Capilla, un estudio epidemiológico que establezca los efectos de la vacuna y sobre todo piden "que se deje de culpabilizar a las niñas, como ya ocurrió en el caso de Andrea, en el que se llegó a decir que no estaba bien atendida". Y es que, según esta activista, "muchas de las reacciones se achacan a problemas psicológicos de las menores".

Las cifras podrían ser aún más altas, según Capilla, puesto que muchas personas no notifican las reacciones adversas de la vacuna. Un 48 por ciento de las reacciones documentadas "son graves, y las niñas tardan mucho en recuperarse", indicó. Antes estas cifras, Capilla no entiende que las agencias del medicamento sigan manteniendo que "el balance beneficio/ riesgo sigue siendo favorable a la vacuna, no se sostiene".

La sentencia del TSJA que condena a la Consejería de Salud a pagar 137.000 euros a los padres de Andrea le parece "muy favorable, ya que reconoce el nexo entre el fallecimiento y la administración de la vacuna, que es una evidencia". El reconocimiento, añadió, es importante, porque su ausencia por parte de las autoridades sanitarias fue lo que motivó la creación de la Asociación de Afectadas. "Deberían ser más rigurosas, los informes sobre los casos de reacciones adversas prácticamente los realizan las farmacéuticas, que niegan sistemáticamente el riesgo", añadió.

El fallo del TSJA en el caso de la niña gijonesa llegó casi cinco años después del fallecimiento de la menor. Pero lo que pocos sabían es que el Consejo Consultivo ya se pronunció en julio de 2014 sobre este asunto, dictaminando que había "una probabilidad alta de relación causal entre la administración de la segunda dosis de la vacuna (...) y la crisis asmática sufrida esa misma tarde por la niña y que desencadenó la parada cardíaca que condujo a su fallecimiento el 8 de septiembre de 2012". El Consejo Consultivo negó -frente a las pretensiones de la familia de la menor, que consideraba que se había producido una negligencia flagrante- que cupiese "exigir una conducta distinta al servidor público sanitario, que se movió conforme a unos protocolos en los que los riesgos de broncoespasmo en caso de asma leve se definían como muy improbables".

Sin embargo, el Consejo también indicó que los reclamantes no debían soportar el daño provocado por una intervención sanitaria preventiva que actuaba con una finalidad protectora y generaba, "junto a beneficios sociales indudables y ciertos, una situación de riesgo individual, sin duda incierto en su acaecimiento, incluso difícilmente previsible, pero no por ello ajeno al funcionamiento del servicio público". Y es que la muerte de Andrea se trató de "un daño que, aunque se materializa en un número muy escaso de ocasiones, es la consecuencia de un riesgo asumido por el servicio público para alcanzar fines de interés general para la colectividad. En estos caso es el conjunto de la sociedad, por un principio de solidaridad, quien debe asumir los daños producidos". Por esto resolvió favorablemente a indemnizar a los padres de la menor en 105.000 euros, la mitad de lo que éstos solicitaban.

Contra lo que planteaba la familia, el Consejo no vio nada extraño en el cambio, por parte del Principado, del fármaco Gardasil (causante de la muerte de Andrea) por el Cervarix, en el programa de vacunas obligatorios para las niñas de 13 y 14 años, ya que, aunque se comenzó a aplicar en 2013, tras el fallecimiento, en realidad se había aprobado con anterioridad al mismo.

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