Podemos e IU pidieron ayer cuentas al Gobierno regional sobre su gestión, en materia de consumo, acerca de las "cláusulas suelo" incluidas por algunas entidades bancarias al firmar las hipotecas en los años previos al estallido de la crisis.

La diputada podemista Rosa Espiño acusó al PSOE y al PP de elaborar "una legislación injusta, humana y además ilegal, como ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y puso en tela de juicio que el Principado esté informando a los ciudadanos afectados del alcance y repercusión de la sentencia de la UE. La parlamentaria Marta Pulgar, de IU, apuntó luego al Banco de España, por "su permisividad con una macroestafa" y reclamó al Principado que asesore e informe a los afectados.

La respuesta llegó de la consejería de Sanidad, que tiene entre sus competencias la Agencia de Consumo. "No es bueno hacer demagogia con los dramas sociales", contestó Francisco del Busto, quien afirmó que "somos la única comunidad del Estado que nos hemos mojado desde el inicio de las cláusulas suelo". El Consejero subrayó que Asturias ha defendido ante la Conferencia Sectorial de Justicia la creación de juzgados específicos ante la avalancha prevista de litigios relacionados con las "cláusulas suelo". Del Busto añadió que en Asturias se estima en unas 20.000 las demandas judiciales que podrían provocar "el colapso" de los juzgados encargados de su tramitación. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial manifestó su negativa a poner en marcha un plan de urgencia para atender esos pleitos "si no cuenta con los medios suficientes" e instó a las administraciones competentes a habilitar recursos.