La magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado número 1 de Lugo, que instruye el "caso Pokémon" y "Aquagest", vuelve a tener problemas con los abogados. Si hace unas semanas fue el Consejo de la Abogacía de Galicia el que denunció a De Lara ante el Consejo del Poder Judicial por supuesta extralimitación al incautarse de diverso material en el despacho del abogado de José Ramón Barral, "Nené", exalcalde de Ribadumia y una de las personalidades del PP en Pontevedra, ahora es José Luis Sanz Arribas, letrado del responsable de la empresa Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, quien pide a la Audiencia de Lugo que aperciba a la jueza vinculada a Gijón, por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia con una actuación "inquisitorial y perniciosa" que cuestiona su imparcialidad.

El motivo de esta queja ante la Audiencia lucense es la inclusión en el sumario del "caso Pokémon" del cuestionario que la magistrada tenía preparado para el interrogatorio del responsable de Vendex, consistente en varios cientos de preguntas sobre supuestos sobornos y manejo de dinero negro que se desprenderían de las grabaciones realizadas a Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, uno de los principales implicados en el "caso Pokémon", abierto por las declaraciones del empresario ovetense José Luis Álvarez.

En los últimos meses se han multiplicado las críticas a Pilar de Lara, incluso desde la propia judicatura, una censura que se ha extendido al Servicio de Vigilancia Aduanera. Hasta el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha dicho públicamente que esta instrucción debería cerrarse cuanto antes.

Aunque ha pedido inhibirse, la jueza continúa instruyendo el "caso Aquagest". Anteayer jueves declararon en calidad de testigos el presidente de los constructores de Asturias, el empresario Serafín Abilio Martínez, y su hijo. Martínez, que quedó impactado por la intensidad del interrogatorio al que le sometió la jueza, especialmente cuando el constructor no pudo identificar algunas personas y datos, admitió que había comido en algunas ocasiones con el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, aunque "no para pedir favores". Martínez, que fue apoderado de una de las empresas filiales de la matriz de Aquagest, llegó a implicar a esa empresa madre en el Spa Naranco, aunque ello fue debido a una confusión con la empresa Gaia, según aclaró su hijo ante la magistrada. La jueza insistió a Martínez para que le dijera qué personas estaban embarcadas en el proyecto, que sufrió algunas demoras y prórrogas concedidas por el Ayuntamiento de Oviedo, que, ante la falta de materialización de la infraestructura, terminó rescindiendo el contrato.

Serafín Abilio Martínez negó tener conocimiento de la comida con Caunedo que aparece en uno de los apuntes contables del presunto conseguidor de Aquagest, el exdirigente popular Joaquín Fernández, ligada al Spa Naranco. Es más, negó conocer a Joaquín Fernández, aunque éste, en alguna ocasión, llegó a afirmar en público que trabajaba para Serafín Abilio Martínez. Según el Observatorio contra la corrupción (OCAN), la comida pudo estar vinculada a una prórroga del proyecto.