La Consejería de Sanidad sopesa recurrir ante el Supremo la sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que le condena al pago de 137.000 euros a los padres de la niña de 13 años que falleció en septiembre de 2012 tras ser vacunada contra el virus del papiloma humano. El consejero de sanidad, Francisco del Busto, indicó ayer que "es una sentencia complicada, difícil, que requiere de un estudio detallado y esmerado, y en ello está el servicio jurídico del Principado y del Servicio de Salud". No obstante, "es muy probable que la recurramos ante el Tribunal Supremo", indicó el consejero.

Lo que Del Busto quiso dejar claro es que "la sentencia en ningún momento pone en duda la adecuación del programa de vacunación del virus d el papiloma humano, ni la seguridad de la vacuna como profilaxis del cárcel de cuello de útero".

Es un concepto, añadió, que el propio juez deja "suficientemente claro". Según Del Busto, el fallo "reconoce que la vacuna del papiloma está avalada por todos los estudios científicos y que 22 países del ámbito europeo y de nuestro nivel económico, como Estados Unidos, Canadá o Australia, tienen esta vacuna en su calendario vacunal y van a mantenerla".

Por otro lado, el fallo del TSJA "acredita que la información que se ofrece para la campaña de vacunación es completamente correcta". Finalmente, añadió Francisco del Busto, "deja al margen el concepto de la vacuna, la indicación, el proceso y todo lo que tiene que ver con salud pública y la diatriba que está siempre encima de la mesa acerca de si se debe o no vacunar".

El fallo del TSJA ha reabierto cierto debate sobre la idoneidad de esta vacuna que se administra a las niñas de 13 y 14 años de forma obligatoria. La Asociación de Afectadas tiene documentadas al menos 3.000 reacciones adversas a la vacuna, y otras cinco muertes aparte del caso de Andrea, la niña gijonesa que murió en 2012 tras recibir la segunda dosis del fármaco.