El Principado celebrará el undécimo aniversario del salario social básico transformándolo "de verdad" en un programa de inserción laboral. El Consejo de Gobierno dio de paso ayer la articulación de un protocolo de intercambio de datos entre el Servicio Público de Empleo (Sepepa) y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales con el propósito de que el sistema cumpla, ahora sí, los fines de "reinserción laboral" de los beneficiarios que la renta básica tiene encomendados desde su origen en 2006. Para que cada perceptor tenga su propio programa de acompañamiento hacia el empleo, su itinerario basado en sus habilidades, capacidades y experiencia y su apoyo personalizado para el retorno o el ingreso en el mercado laboral, ha sido necesario un acuerdo entre departamentos en torno a un método que permita cruzar la información del Sepepa con la de Servicios Sociales. Ambos tienen "sistemas de tratamiento de datos diferentes" que hasta ahora dificultaban el proceso y que de aquí en adelante están facultados para armonizar.

Eso dijo ayer la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, dando la salida a un mecanismo para "conocer" uno a uno a los perceptores de la renta, diseñar un "diagnóstico" de sus competencias profesionales y de las "fallas" de su curriculum y a partir de esta información confeccionar un itinerario personalizado para "acompañarles" en la búsqueda de trabajo. Se autorizará, dijo Varela, "a determinadas personas a utilizar esos datos conjuntos, con todas las garantías, y de ese modo a conocer a las personas desde los dos sistemas". Mediante la integración de ambos, detalla el consejero de Empleo, será posible declarar a los perceptores de salario social "colectivo prioritario de cara a las políticas activas de empleo" y trabajar de forma personal con cada uno buscándoles estrategias formativas y ofertas adaptadas a sus perfiles. Equivale, en la versión que da Francisco Blanco, a "poner las bases para transformar de verdad el programa del salario social en un sistema de inserción laboral".

Ahora sí, ahora de verdad, cumpliendo uno de los propósitos que junto al auxilio social tenía la renta básica en su origen y atendiendo asimismo la demanda que la patronal y los sindicatos defendieron en la negociación de los últimos acuerdos de concertación con el Gobierno. No es más que la materialización de aquello que ya decía la ley que en 2005 dio a luz al salario social y que lo concebía a la vez como una estrategia asistencial de lucha contra la exclusión y como una prestación que habría de estar "coordinada en un dispositivo global con otros programas tendentes a promover la incorporación e inserción social y laboral de las personas beneficiarias".

El protocolo que mediante un convenio de colaboración entre consejerías dio de paso ayer el Consejo de Gobierno será de aplicación en toda la región, pero inicialmente tendrá un proyecto piloto con un seguimiento especial en los municipios de Oviedo y Grado, escogidos por su tamaño -uno de entre los más poblados, otro de un nivel demográfico inferior- y por su configuración económica, uno eminentemente urbano y otro con un mayor componente de economía agraria. De los 20.585 perceptores del salario social a 31 de diciembre, serán objetivo del programa aproximadamente tres cuartas partes, restando a los 4.949 que están exonerados por ser mayores de 65 años o porque padecen problemas de salud que impiden su incorporación al mercado laboral, y prioritariamente las 14.558 personas de la nómina de la renta básica que son demandantes de empleo.