Plantar patata a partir del lunes en los once concejos afectados por la plaga puede salir muy caro. El real decreto del Ministerio de Agricultura para controlar y erradicar la polilla guatemalteca, que publica hoy el Bolentín Oficial del Estado, fija multas de 300 a 3 millones de euros en función de la gravedad de la infracción. La norma restringe más de lo esperado la circulación de los tubérculos en las zonas infestadas (San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Taramundi, Navia, Valdés y Cudillero) y tampón o de protección (previsiblemente, Tapia de Casariego, Coaña, El Franco y Villayón). La entrada y salida de vegetales tendrá que hacerse en vehículos protegidos y someterse a diez días de tratamiento de cuarentena con atmosfera controlada.
El decreto prohíbe durante un mínimo de dos años la siembra de patata en los municipios del Occidente, ya que deja en manos del Principado la posibilidad de aumentar este período de tiempo si no se consigue erradicar la plaga. Asimismo, el Gobierno central obliga a los agricultores que hayan plantado el tubérculo a desenterrarlo "bajo control oficial en el menor tiempo posible". La mercancía tendrá que ser destruida en vertederos autorizados o lugares de quema controlada para evitar la expansión de la plaga hacia el centro de la región. La dirección general de Desarrollo Rural estima que hay 500 agricultores afectados por esta medida, que son los que comunicaron la superficie plantada, a pesar de las recomendaciones que hizo el Principado. Puede haber más terrenos con patatas no declaradas, que no serán indemnizados al desobedecer la normativa regional e incluso se exponen a sanciones.
La nueva norma, que entra en vigor el lunes, fija medidas de actuación urgentes tanto en las plantaciones como en los almacenes. Estos últimos están obligados a poner trampas con feromona sexual para atrapar las polillas, desinfectar el suelo, las paredes y el techo, cerrar las ventanas y los huecos con malla, tapar las grietas, destruir sacos y embalajes que pudieran estar contaminados y poner un sistema seguro de puertas para evitar la entrada de la polilla. Los establecimientos tendrán también que recoger una serie de datos -nombre, dirección, cantidad adquirida y fecha de adquisición- de todos sus compradores.
La semana que viene Asturias y Galicia, las dos comunidades afectadas por el decreto, sacarán una resolución complementaria a la nacional para fijar las zonas infestadas y tampón así como la cuantía de las indemnizaciones. La Administración regional adelanta que pagará por la patata de consumo, siembra, la almacenada y las plantaciones.
