El enrevesado censo del Partido Popular en Asturias, que ha quedado al aire ante el próximo congreso regional, fue ayer motivo de críticas por parte de afiliados que avalaron a alguna de las candidaturas y se sorprendieron con la anulación de su aval. "Se supone que era el partido el que debía pasar las cuotas por el banco", lamentaba ayer un afiliado cuyo respaldo terminó anulado al considerar el comité organizador que no estaba al corriente de pago. La confusa información facilitada por parte de las juntas locales a quienes pedían participar en el proceso de elección motivó más de una situación chocante: "A mí me dijeron que bastaba con pagar la cuota de 2016 para estar al día; después el partido dijo que mi aval no servía porque no había pagado la de 2015". ¿Y por qué no pagó esos años la cuota? "Era el partido el que tenía que pasar los recibos y no lo hizo", señaló también un afiliado afectado por las anulaciones en otra junta local.

La actual dirección regional del PP asturiano asegura que inició un proceso de depuración del censo (el propio partido declaró contar con más de 20.000 afiliados en Asturias), pero no ha sido posible completarlo. Pero los críticos con la actual presidenta y candidata a renovar en el puesto, Mercedes Fernández, la acusan de utilizar la ambigüedad del censo y sus "agujeros" a su favor. Aunque ayer el partido afirmaba que podría tener el cómputo de afiliados que solicitaron participar en la votación, horas después fuentes del PP afirmaron que no se facilitaría el dato, que se vería probablemente muy mermado una vez se analizase qué solicitudes estaban al corriente de pago.

Por otro lado, la comisión organizadora del congreso regional del PP comunicó ayer a Pablo Álvarez Pichel que rechaza su reclamación, después de que su candidatura quedase anulada al declararse nulos por considerarse no estar al corriente de pago más de la mitad de sus avales. La comisión sólo dio por válidos seis avales de los inicialmente rechazados. Fuentes de la candidatura de Pichel ya señalaron que los desajustes en el censo pueden terminar resultando un subterfugio para "cercenar la participación de los afiliados". Ha habido algunas incongruencias, sostienen, como la posibilidad de que se admitan documentos escaneados y enviados por correo electrónico para justificar los pagos pero, en cambio, no se validen los remitidos por fax.