05 de marzo de 2017
05.03.2017

Los almacenes de los concejos que sufren la plaga de la patata, obligados a "blindarse"

El real decreto establece férreas medidas para evitar la propagación y somete a un severo control la circulación de tubérculos en once municipios

05.03.2017 | 09:12
Carlos Vior, en su plantación de Castropol, vacía de patatas.

Los almacenes de patata de los once concejos afectados por la plaga tendrán que blindarse a partir del lunes a la entrada de la polilla. El real decreto del Ministerio de Agricultura, que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado, obliga a los establecimientos comercializadores a colocar mallas tupidas en huecos y ventanas, tapar grietas, desinfectar suelos, techos y paredes, y poner puertas seguras para evitar la dispersión de la plaga. La circulación de tubérculos dentro de las zonas infectadas (San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Taramundi, Navia, Valdés y Cudillero) y tampón o de protección (Tapia de Casariego, Coaña, El Franco y Villayón) se restringe hasta tal punto que sólo se permite su salida, bajo control de la Administración regional, si se hace con vehículos cerrados hasta una planta de tratamiento. En ella se someterá la patata a una cuarentena de diez días y con atmósfera controlada.

La nueva norma establece que "la entrada y circulación de patata en zonas infestadas se realizará exclusivamente para el consumo directo e irán preparadas y envasadas para el comprador final". El documento prohíbe durante un mínimo de dos años la siembra de tubérculos en los municipios del Occidente, ya que deja en manos del Principado la posibilidad de aumentar este período de tiempo si no se consigue erradicar la plaga. Asimismo, el Gobierno central obliga a los agricultores que hayan plantado el tubérculo a desenterrarlo "en el menor tiempo posible y bajo control oficial". La mercancía tendrá que ser destruida en vertederos autorizados o lugares de quema controlada.

La dirección general de Desarrollo Rural estima que entre 400 y 500 agricultores tendrán que levantar a partir del lunes sus plantaciones, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. No obstante, el número de afectados puede ser mayor, ya que la Consejería sólo tiene contabilizados los que declararon su superficie sembrada a la Administración. Estos últimos no serán indemnizados por desobedecer la normativa regional e incluso se exponen a sanciones. El decreto, que afecta también a 31 concejos de Galicia, insta a los agricultores a "notificar inmediatamente al órgano competente las partidas de patatas, parcelas o instalaciones en la que exista sospecha de presencia de plaga". El Principado y la Xunta sacarán una resolución complementaria con las zonas afectadas finales y las indemnizaciones.

En el caso de plantar patata en áreas infectadas o incumplir algo de los dispuesto en el decreto, la ley de Sanidad Vegetal establece multas de 300 a 3 millones de euros. La mayor o menor cuantía de las sanciones dependerá de la gravedad de la infracción. Muy grave se considera por ejemplo "quebrantar las medidas cautelares poniendo en circulación los productos o mercancías inmovilizadas", en este caso, la patata.

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