Un poder oculto boicotea la reforma del mecanismo electoral asturiano. En el último episodio de una serie de catastróficas desdichas, los impulsores, PSOE, IU y Ciudadanos, han terminado por retirar su propuesta después de que su cambio de sistema de reparto de escaños pasase de infravalorar el peso político de las alas a sobrerrepresentarlas. Quisieron hacer un guiño hacia su derecha, atraer al PP y en su caso a Foro, abiertamente reticentes porque pensaban que el modelo propuesto marginaba la representación del oriente y del occidente en favor de la circunscripción central, y decidieron rectificar su fórmula de distribución. En una enmienda a su propio texto mejoraron la proporcionalidad de su sistema en cuanto a la traslación de la representatividad política a los asientos de la Junta, pero patinaron en la distribución territorial de los diputados. Falló la calculadora, se pasaron donde antes no llegaban y viajaron directos de un extremo al otro. La propuesta resbaló y acaba de ser retirada para reformularla porque además de su complejidad, expresamente reseñada por los servicios jurídicos del parlamento, ha pasado de hacer prevalecer al centro a sobredimensionar a oriente y occidente. Es la última pieza en la extensa colección de obstáculos que acumula esta proposición de modificación legislativa que ronda la Junta desde hace legislatura y media y ya encalló en la pasada por la discordancia entre los proponentes.
El sistema propone asignar 35 de los 45 escaños del parlamento sin modificar el sistema actual en tres circunscripciones, pero da error en cuanto a los diez diputados restantes, que serían distribuidos entre los partidos conforme a una suerte de modelo de "distrito único" que no acaba de quedar claro sobre todo en el proceso posterior de reparto entre las tres demarcaciones, en su "territorialización". El problema surge en el momento de atribuir estos diez parlamentarios al centro, oriente u occidente. La versión original de la fórmula, según afirma en su análisis el Letrado Mayor de la Junta, acababa dando al centro "el ochenta por ciento de esos diez diputados". La nueva, compleja y difícil de explicar, cambia tanto que consigue exactamente lo contrario: que la mayor parte de ellos vaya a dar a las alas.
Es por eso que la versión corregida, un "traspiés" en la consideración del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha sido retirada y después de un largo camino sin frutos se ha dado de plazo hasta el 27 de marzo para buscar un sistema más "sencillo, funcional y explicable a los ciudadanos". Este resbalón del método es el último escollo al que se enfrenta un proyecto que ya había llegado hasta este punto seriamente recortado. A los servicios jurídicos de la cámara no les gustó ni el título -prefieren "modificación" a "reforma"- y la propuesta fue perdiendo por falta de competencia legislativa varios de sus preceptos esenciales, entre otros la obligación de elegir a los cabezas de lista en primarias, los mecanismos de voto anticipado y electrónico y de sustitución temporal de diputados o el envío centralizado de papeletas electorales.
Por si fuera poco, los reparos también hacen notar la anomalía de que la elección mediante el sistema dual planteado impide conocer en el momento de la convocatoria de las elecciones el número exacto de diputados que se eligen en cada circunscripción. El informe jurídico opone que, según el modelo propuesto, las candidaturas sólo podrían tener de entrada 35 miembros, no 45, lo que colisiona con el precepto de la Ley Electoral que exige que cada lista incluya "tantos candidatos como cargos a elegir".
El caso es que la propuesta de modificación legislativa, insuficientemente apoyada por los 22 escaños que suman los tres grupos proponentes, necesita resolver sus propias contradicciones además de vencer las reticencias de la derecha o de Podemos, algo que hasta ahora no han conseguido. Los reparos legales la han embarrancado en una cámara atascada, con 34 proyectos o proposiciones de ley en diferentes fases de tramitación, "bloqueada" si se acepta la expresión del presidente del Principado. Javier Fernández puso el viernes en la Junta como ejemplo de obstrucción política precisamente esta reforma electoral que en esta legislatura emergió a impulsos de Ciudadanos y que el PSOE aceptó como parte de los compromisos del acuerdo de investidura que ganó los votos de IU para hacer presidente a Fernández.
