El "pacto del culín" ya tuvo sus antecedentes en los años noventa y el Tribunal de la Competencia castigó esos "acuerdos colusorios" con multas por importe de trece millones de pesetas, una cifra escasa comparada con la que podría haber impuesto, 150 millones. Y es que el Tribunal tuvo en cuenta que la Consejería de Agricultura había inducido estos acuerdos. Aquella sentencia de 12 de diciembre de 1996, fruto de una denuncia de la Unión de Consumidores de Asturias, impugnó los acuerdos a los que habían llegado tanto los cosecheros de manzana y lagareros -para establecer el precio base de la principal materia prima de la sidra-, como los hosteleros de Gijón, para cobrar a 250 pesetas la botella.
La denuncia recogía que el Acuerdo de Campaña de la Interprofesional de la Manzana y de la Sidra, entre la Asociación de Lagareros, los sindicatos agrarios y la Asociación de Cosecheros, firmado el 19 de septiembre de 1989 y renovado el 3 de septiembre de 1993, establecía un precio base del kilo de manzana en 27 pesetas. El acuerdo se firmó bajo el amparo de la Consejería de Agricultura. En 1991, las actas de la Interprofesional dan cuenta del impago de las subvenciones a quienes no cumplieron el acuerdo. El 28 de septiembre de 1994, los Lagareros y Cosecheros acordaron subir el precio a 37 pesetas. El 13 de febrero de 1995, las actas de la Interprofesional reflejaban la negativa a ampliar la capacidad de los lagares, porque generaría una competencia de precios, y el director de Agricultura exponía que hacía falta asegurar precios para el productor.
Además, el 26 de julio de 1994, la Asociación de Hostelería de Gijón convocó a los representantes de 33 locales y acordaron subir el precio de la botella de sidra a 250 pesetas para agosto. El acuerdo llegó a publicarse en los diarios.
Lagareros y Cosecheros alegaron "la crisis de todo el sector" para pactar un precio mínimo, en un contexto de escasez de manzana de sidra, que obligaba a importarla. Y también que el acuerdo había sido patrocinado por la Consejería. Sin embargo, el tribunal consideró que el pacto no resultaba "justificado". En cuanto a la inducción, la Consejería informó al tribunal que no había una norma que habilitase a intervenir en los precios, por lo que el acuerdo era ilícito. Los hosteleros, negaron incluso haber llegado a un acuerdo, o que éste fuese obligatorio. Pero el Tribunal disponía de un acta de la reunión y respecto al hecho de que no fuese obligatorio, consideró que no era un elemento necesario para que se consumase la infracción, que expresamente incluía también las "recomendaciones".
