La regulación de las áreas de aparcamiento para autocaravanas ha provocado una nueva polémica que implica a autocaravanistas, empresarios, ayuntamientos y partidos políticos. El Principado ultima la aprobación de un decreto que, entre otras medidas, obligaría a establecer medidas de control de clientes y de seguridad en dichos recintos. Los autocaravanistas se oponen y defienden la autonomía de los ayuntamientos para que cada uno regule dichos espacios como crea conveniente. De momento han logrado el apoyo de los partidos políticos en el Parlamento asturiano para votar en contra, pese a que el texto obtuvo el visto bueno en el consejo asesor de turismo, donde se sientan partidos políticos, sindicatos, empresarios y Gobierno.
La patronal, por su parte, defiende que Asturias "vende una imagen turística global que incluye naturaleza y seguridad, y debe regularse para todos igual".
El texto del decreto de la discordia se aprobó en diciembre de 2013, tras lo que se inició un periplo de consultas a distintos órganos e instituciones para que le dieran el visto bueno ante de su aprobación. Mientras tanto, salió una nueva normativa europea y para el conjunto de España que afectaba a los establecimientos turísticos de Asturias. Así que se decidió hacer un nuevo decreto pero con el mismo texto para las autocaravanas.
Alfredo Rato, presidente del Club de Autocaravanistas del Principado (CAPA), explicó ayer que "obligar a los ayuntamientos a establecer medidas de control les supondrá afrontar una inversión y unos gastos que puede forzar el cierre de dichas áreas".
José Luis Álvarez Almeida, coordinador de la mesa de turismo de FADE, insistió en que "queremos el turismo de autocaravana, de calidad, y eso implica ofrecer seguridad a los clientes en una visión global de impulso del sector para toda la región".
