El Parlamento asturiano reclamó ayer al Gobierno regional una vuelta de tuerca para superar las grandes asignaturas pendientes de los planes de empleo: dar seguridad jurídica a los ayuntamientos para que esas contrataciones no sigan siendo una fuente de litigiosidad y pago de indemnizaciones cuantiosas para las arcas públicas y que resulten eficaces para los desempleados, como primer paso para su inserción laboral. La propuesta, presentada por IU, salió adelante gracias a los votos del PSOE, Podemos y Foro, además de la coalición proponente.
El diputado Ovidio Zapico defendió la necesidad de mejorar y garantizar los planes de empleo, cuya viabilidad ha sido puesta en tela de juicio por decenas de sentencias de los juzgados de lo social, que han condenado a los ayuntamientos porque los parados contratados acababan realizando tareas similares a las de los funcionarios. "Miles de asturianos necesitan planes como estos para poder llevar un salario a su casa y para poder seguir cotizando", planteó el parlamentario de IU.
Zapico sabía de lo que hablaba ya que dos ayuntamientos gobernados por la coalición, el de Langreo y Mieres, son de los que han planteado más reparos a seguir con el modelo existente tras ser condenados en vía judicial a pagar indemnizaciones o incluso a admitir en su plantilla a trabajadores que habían llegado al ayuntamiento a través de planes de empleo locales.
La parlamentaria socialista Margarita Vega destacó que 73 de los 78 ayuntamientos asturianos han decidido acogerse a estos planes de empleo. "No son la panacea pero son la herramienta más grande para sacar del pozo a parados con muchas dificultades para encontrar empleo", argumentó la diputada, que admitió la existencia de "dificultades" en la gestión de los planes de empleo pero habló de "una nueva formulación de las bases reguladoras y de las convocatorias de los planes de empleo", tras una negociación a tres bandas entre Gobierno, ayuntamientos y sindicatos. "Podemos tener otras fórmulas, pero tenemos una útil y funciona. No la machaquemos", pidió Vega, quien anunció que los socialistas apoyarían la mejora reinvindicada por IU.
La diputada Lorena Gil (Podemos) lamentó "la inseguridad jurídica que asfixia a algunos ayuntamientos" pero avanzó que no iban a rechazar "la herramienta de los planes de empleo aunque es imprescindible preguntar por su eficacia". El forista Pedro Leal criticó que el Principado "ha dejado solos a los ayuntamientos ante las vicisitudes judiciales" pero manifestó la disposición de su partido "para modificar los planes de empleo y supongan una vía de inserción laboral y no una mera herramienta asistencial".
PP y Ciudadanos fueron los más críticos con la iniciativa de IU, que no secundaron. "Es un modelo fracasado que no tiene sentido mantener", sentenció Emma Ramos. "Las empresas son las únicas que pueden crear empleo", apuntó la diputada popular, quien pidió que "no se sigan perpetuando los errores del pasado". Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, también se mostró partidario de "más iniciativa privada y menos tutelaje del Estado y los agentes sociales" y rechazó la propuesta de IU por "estar trufada de burocracia y desconfianza en la sociedad civil".
