La Junta General aprobó ayer por unanimidad que el Principado no contrate a empresas en las que haya constancia fehaciente de la existencia de brecha salarial por razón de sexo.
La iniciativa fue defendida por la parlamentaria de Podemos, Lucía Montejo, que reclamó la inclusión de cláusulas relativas a la igualdad en la contratación pública, para impedir que empresas que discriminan a sus empleadas puedan concurrir a convocatorias públicas. "La igualdad no es patrimonio de ninguna ideología política", sostuvo el parlamentario de Foro, Pedro Leal. La votación, que cerraba el orden del día del pleno de esta semana, no dejó lugar a la duda: todos los grupos respaldaron que el Principado vete a las empresas en las que se constate que hay discriminación salarial por razón de sexo.
