El viernes de la semana pasada, los letrados del SOMA, así como otras fuentes judiciales, daban por terminada la instrucción de la demanda del sindicato con la declaración de su ex secretario general, José Ángel Fernández Villa, un año y dos meses después de que hubiese sido convocado por primera vez por la magistrada Simonet Quelle Coto. Quizá fuese un espejismo, porque Villa acaba de solicitar ante el Juzgado número 2 de Oviedo una auténtica cascada de pruebas, que, de ser aceptadas, prolongarían durante meses la instrucción. Con ello quiere demostrar que el agujero encontrado en las cuentas del SOMA no es responsabilidad suya, sino del equipo de administración y contabilidad. Villa negó en su declaración que algunas de las firmas que aparecen en los documentos de las demanda sean suyas, y apunto directamente a su entonces secretaria, Carmen Blanco, y al entonces contable del SOMA, Juan Cigales, entre otros.

No solo quiere que se remitan los originales de los movimientos de las 17 tarjetas de crédito que manejó mientras fue secretario general, sino que declaren como testigos hasta 34 antiguos compañeros del sindicato, los que votaron una nueva junta administradora del sindicato, la que luego les destituiría a él y al entonces gerente del Infide, Pedro Castillejo, también incluido en la demanda. Entre ellos se cuenta además Ricardo Antuña Piñera, el único miembro de la Junta Administradora del sindicato que puso reparos al aprobar las cuentas del SOMA. Estos 34 compañeros serían una primera tanda, porque el ex secretario general quiere identificar también a los miembros del comité intercentros para que declaren sobre las dietas que el SOMA dice que no cobraron y Villa afirma que no se quedó.

Villa también reclama que Hunosa remita al juzgado todas las actas de las reuniones del Comité intercentros realizados entre los años 2001 y 2013. También que se requiera a Liberbank, la antigua Caja de Ahorros de Asturias, los originales de la totalidad de las facturas de las compras realizadas con las 17 tarjetas de crédito de las que fue titular José Ángel Fernández Villa, así como los originales de las transferencias que mensuales por importe de 777,78 euros desde una de las cuentas del SOMA a otra a nombre del entonces secretario general. Villa aducía que perdía las tarjetas con mucha facilidad o se las robaban, aunque el cambio constante de cuentas se debería más bien a su proverbial desconfianza a que alguna persona pudiese acceder a ellas.

Al SOMA le pide una cantidad ingente de documentación. Por un lado. La totalidad de los recibos obrantes en sus archivos justificativos del cobro de asistencia de sus sindicalistas a las reuniones del comité intercentros, también de 2001 a 2013, e identificando a los perceptores de las dietas al objeto de que puedan ser citados a testificar sobre las incidencias de las mismas. También los libros de contabilidad del sindicato en el periodo antes citado, así como las agendas del secretario general, una prueba esta última que ya le rechazó al investigado la Audiencia Provincial, pero que insiste en reclamar al considerarlas esenciales "para que la defensa pueda acreditar que todos y cada uno de los gastos de representación que se han cargado en las cuentas del SOMA obedecen al día a día de su actividad sindical".

Más. Villa reclama no solo una pericial caligráfica, que correría a cargo del perito ovetense Francisco Díaz Llaca, parta determinar si las firmas que aparecen en los documentos son suyas o han sido realizadas por varias personas; también quiere una pericial económica a cargo del contable ovetense Adolfo Suárez, una vez que sean entregados al Juzgado los documentos solicitados a Liberbank, al SOMA y la Delegación de Trabajo y la Seguridad Social. La defensa de Villa quiere que Suárez emita un informe económico forense sobre los pagos realizados con las tarjetas, así como las transferencias realizadas a Villa. También para que elabore una "crítica economicista" del informe de revisión contable que el SOMA incluye en su querella.

El escrito de la defensa de Villa especifica los documentos que impugna al considerar que la firma no se corresponde con la del ex secretario general, tal como le había pedido el viernes de la semana pasada la magistrada a través de una providencia, y abunda en la necesidad de practicar la prueba caligráfica, para la que el investigado realizó un cuerpo de escritura tras su declaración.

Fuentes cercanas al caso indicaron que hay pocas probabilidades de que la juez acepte la práctica de esta ingente cantidad de pruebas que ya podrían haberse solicitado hace un año, aunque la defensa no lo consideró oportuno, quizá al albergar la esperanza de que Villa no pisase el Juzgado, y menos para declarar. Si la juez las rechaza, será la audiencia Provincial la que finalmente tenga que decidir.