Potenciar los canales cortos de comercialización, defender la producción regional y proteger a los elaboradores son tres de los objetivos principales de la nueva ley de calidad alimentaria del Principado. La consejería de Desarrollo Rural reforzará con ella las inspecciones en explotaciones para verificar que la calidad de los alimentos está a la altura requerida.
La norma, que la Consejera presentó ayer al sector, también presta especial atención a la "calidad diferenciada", que representan las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Las multas no serán superiores a 6.000 euros.
