"Tirón de orejas" del Consejo Consultivo al decreto de la Consejería de Industria que pretende regular las autocaravanas. El órgano superior de consulta del Principado acaba de emitir un dictamen que ordena "retrotraer" el procedimiento para que se pronuncie la Comisión Asturiana de la Administración Local, en la que están representados los municipios y la administración autonómica. Varios ayuntamientos han expresado su malestar al Principado al entender que el decreto entraba en una materia, la pernoctación de las autocaravanas, que ya estaba regulada mediante ordenanza en una treintena de municipios.
El Consejo Consultivo advierte en su dictamen que el controvertido decreto de la consejería de Empleo, Industria y Turismo las autocaravanas "no fue sometido a consulta de la Comisión Asturiana de Administración Local, como resulta preceptivo". Esa entidad está formada por 10 alcaldes, que representan a los municipios de más población pero también a los de tamaño medio y pequeña, además de por el presidente de la Federación Asturiana de Concejos y once representantes del Principado.
El Consultivo juzga "preceptivo" el pronunciamiento de la Comisión de Administración Local porque el decreto, que defendió la pasada semana en la Junta General el consejero de Industria, Francisco Blanco, "afecta a lo dispuesto en ordenanzas municipales, dado que plantea la necesidad de adaptación a esta nueva norma de las áreas especiales de acogida para autocaravanas en tránsito". El órgano de consulta del Principado añade que en Asturias existen al menos 28 áreas para autocaravanas, de carácter público y gratuito, dependientes de 27 concejos, entre los que están los de mayor población, como Oviedo, Gijón, Siero, Langreo o Mieres, "pero también otros más pequeños y alejados de las grandes urbes urbanas, como sería el caso , entre otros muchos, de Illano, Grandas de Salime, Taramundi o Villanueva de Oscos". El sometimiento de esas áreas públicas a la norma que pretende la Consejería "supondrá una alteración sustancial" ya que "se requiere una oferta de servicios, profesional, mediante precio".
La consecuencia del dictamen del Consultivo, que no entra en el fondo de la cuestión, es la paralización del polémico decreto: "en el procedimiento de elaboración del proyecto, la Administración ha omitido someterlo a consulta de la Comisión Asturiana de Administración Local, por lo que debe retrotraerse el procedimiento a fin de que se cumplimente dicho trámite".
