El último recurso presentado por la defensa del exlíder minero José Ángel Fernández Villa ante la jueza de instrucción Simonet Quelle Coto ha sido desestimado. Igual que los once anteriores. A la abogada Ana García Boto sólo le queda en este proceso inicial un último cartucho: que ese recurso prospere en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo. Sin embargo, este traslado no supone ni mucho menos la paralización del proceso hasta que se resuelva, porque la magistrada tiene las manos libres para dar por concluida la fase de instrucción en cualquier momento. De hecho, fuentes próximas al caso indicaron que "es inminente un auto de procedimiento abreviado", con lo que se daría por cerrado el proceso de investigación y se pasaría a la siguiente fase, la de los escritos de acusación. Esto permitiría dictar antes del verano la apertura del juicio oral, que se celebraría en 2018, siempre según las mismas fuentes.
La jueza ha sido, una vez más, contundente en su auto, advierte de que Villa "es el investigado, no la víctima", y que no se dan los requisitos necesarios para declarar nulo el procedimiento.
La defensa de Villa presentó este nuevo recurso contra el auto de la juez en el que desestimaba todas las nuevas pruebas solicitadas por la letrada Ana García Boto: abundante documentación, periciales caligráficas y económicas y la declaración de otras 34 personas. Pruebas todas ellas que la magistrada consideró "impertinentes y dilatorias", para remarcar que "lo importante es determinar quién se benefició del dinero del sindicato para fines particulares".
La abogada recurrió alegando la supuesta indefensión de Villa, ya que en su opinión tendría que haber declarado ante la jueza auxiliado por "un adulto responsable", por la "especial protección que como investigado en situación de vulnerabilidad le concede la UE". Añadía además que el exsindicalista no tuvo participación en la instrucción, "que se ha realizado a sus espaldas y antes de ser informado de la acusación, es decir, antes de estar en situación de poder ejercitar la autodefensa", sin olvidar "las dificultades" de su letrada para preparar la defensa. Todo ello debería conllevar la nulidad de las actuaciones, según la abogada.
La jueza ha resuelto que la letrada ya había solicitado que Villa declarase acompañado de persona adulta, lo que fue rechazado el 1 de marzo sin que recurrieran ni ella ni las otras partes implicadas en el proceso. Añade la jueza que "no se entiende" la figura procesal de "adulto responsable" a la que se refiere la defensa, ya que tal derecho sólo consta en el Estatuto de la Víctima, y Villa "es investigado y no víctima en las presentes actuaciones". También indica la magistrada que en la declaración del exlíder del SOMA no sólo estaba su abogada y su procuradora, sino también el fiscal, el Letrado de la Administración de Justicia (antes secretario judicial) y el resto de abogados personados en las actuaciones, además de ella misma.
Tampoco se ha determinado que Villa estuviera en "situación de vulnerabilidad", "máxime cuando se sometió al interrogatorio únicamente de su defensa y por un tiempo aproximado de dos horas, sin constatarse vulnerabilidad alguna". Así mismo, tampoco es cierto que el investigado no tuviera participación en la instrucción de la causa, y más teniendo en cuenta "que han sido once los recursos interpuestos por la defensa", por lo que la magistrada considera esta alegación "carente de toda justificación legal y argumentación jurídica".
La abogada Ana García Boto afirmó a primera hora de la tarde de ayer que desconocía el auto, y se mostró indignada porque "lo conoce antes la prensa que yo".
