El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurará esta tarde las XII Jornadas Nacionales de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia, organizadas por el Colegio de Abogados de Oviedo y el Consejo General de la Abogacía de España. Se trata de una de las actividades más importantes que se desarrollan a nivel nacional en las que debaten todos los actores implicados en la justicia española: jueces, fiscales y abogados. Ya han confirmado su asistencia más de 120 participantes de todo el país para durante tres días debatir sobre el estado de la justicia y su modernización.
Ignacio Cuesta, decano del Colegio de Abogados de Oviedo, apuesta por sentar en este encuentro nacional las bases que permitan alcanzar un pacto de Estado que permita esa modernización con la participación de todos los actores de la justicia.
- ¿Por qué es necesario ese Pacto de Estado?
-Porque la justicia es un elemento clave y esencial del estado de Derecho y por eso necesita pilares firmes que partan del consenso de todos los actores. La justicia española necesita mejoras y quienes mejor pueden perfilar las necesidades y abordar el futuro son los que participan a diario de su administración.
- ¿Modernizar la justicia es despolitizarla?
-Creo que cuando se habla de la politización de la justicia se refiere al ámbito exclusivamente de procedimientos de más trascendencia mediática. Pero en cualquier caso hay que tender a despolitizarla. De todas maneras, la modernización abarca muchos más aspectos que son claves, como su agilización, el fortalecimiento de la independencia judicial pero también fiscal, la calidad, la reorganización territorial... Se trata de adaptarse a las necesidades y las exigencias propias del siglo XXI para dar el mejor servicio a los ciudadanos, que es el fin último.
- Vamos, todos los aspectos relacionados con la justicia tendrían que someterse a cambios. ¿Cómo definiría entonces su situación actual?
-Es muy difícil buscar un término que sirva para una definición general. Se ha avanzado en muchos aspectos, como con la digitalización. Pero aún así, se necesitan muchos replanteamientos, aunque unos afectan más a unas comunidades autónomas que a otras. Por ejemplo, en Asturias es bastante más rápida que en otras comunidades. La búsqueda de fórmulas que permitan mayor agilidad es necesaria para todos, pero para unos territorios es más perentoria que para otros.
- ¿Hacen falta más jueces y más fiscales?
-Siempre hacen falta más jueces y más fiscales. Posiblemente en Asturias también, sobre todo en algunos juzgados sería importante este incremento. Pero aún así, se está haciendo un gran trabajo. Salvo algunas excepciones, la administración de Justicia en Asturias da respuesta en un tiempo que suele ser razonablemente bueno.
- Uno de los debates es si la investigación en la fase de instrucción debe depender del juez o del fiscal.
-Hay posturas discordantes en este sentido. Precisamente una de las mesas va a tratar esta cuestión y se debatirá con argumentos favorables y contrarios a cada una de ellas todos ellos razonables y sólidos.
- Otra de las cuestiones que plantea el Consejo General de la Abogacía Española es la legalidad de los registros en los despachos de los abogados.
-Es que es una cuestión muy preocupante. En varios lugares se ha dado una orden judicial para intervenir la comunicación de un letrado y no se han establecido límites, sino que se entra en los despachos de manera indiscriminada. Nos preocupa porque no se tiene en cuenta ni el secreto profesional, ni la confidencialidad ni el derecho de defensa. Se coge toda la información indiscriminadamente y eso afecta a clientes que nada tienen que ver con el caso que se puede estar investigando. Y esta situación es grave. Hay que establecer límites. Hace escasas fechas, un compañero de La Coruña tuvo que pedir el amparo al decano del Colegio de Abogados por una situación así.
- Los abogados también se quejan del trato... descortés de algunos jueces para con ellos.
-Es otra cuestión que queremos plantear en estas jornadas, el de la protección de la actuación profesional en estrado. El letrado actúa en el ejercicio de la defensa, y no se le deben de poner trabas como tasar el tiempo para hacer los informes, tratarles con descortesía, tramitar las quejas por el tratamiento que reciben y que su eficacia sea nula... Hay algunos casos de desconsideración que se han tratado y resuelto y otros que no han sido tratados de la misma forma. Es necesario darle trámite a esta cuestión para que el abogado pueda hacer sus planteamientos, presentar quejas y que sean eficaces.
- ¿Usted cree que de estas jornadas pueden salir las bases para ese pacto de Estado que persiguen?
-El Consejo General de la Abogacía ya presentó una propuesta al Ministerio de Justicia con las cuestiones fundamentales que considera que hay que tratar para empezar a debatir. Con las jornadas que celebramos a partir de hoy en Oviedo, el objetivo es poner en común los puntos de vista de todos los operadores jurídicos del Estado para analizar el estado actual y poner las bases para alcanzar una propuesta para mejorar el sistema.
- Hacer cambios y mejoras supone destinar recursos económicos, y ahora se habla de recortar más o al menos contener en muchos ámbitos. Y además, está pendiente la aprobación de los presupuestos estatales.
-Hay cuestiones que es cierto que requerirían inversión, como todo lo que tiene que ver con la digitalización y crear plazas de magistrados y de fiscales. Pero hay otras para las que no sería necesario destinar muchos recursos económicos, sino que son de planteamiento y que pueden permitir ser más ágil y mejorar los servicios para los ciudadanos.
