Los alcaldes de Tineo y Coaña, el socialista José Ramón Feito y el popular Salvador Méndez, acudieron en la mañana de ayer al Juzgado número 1 de Lugo, citados por la jueza Pilar de Lara como investigados en la trama del agua, junto a la teniente de alcalde coañesa Rosana González y el ex vicealcalde popular de Nava, José María Osoro. Los tres primeros negaron haber recibido regalos de la empresa, y Osoro se negó a declarar al considerar que desconoce los motivos de su incriminación.

No obstante, la edil Rosana González ofreció datos interesantes. Indicó a la jueza que el ex coordinador del PP en el Occidente, el naviego Roberto Santiago, le aseguró que un viaje de ocio que hicieron miembros del partido a La Coruña fue pagado por la empresa del agua. Al parecer, Santiago, también investigado, admitió a la concejala que había buscado financiación del partido y al no concedérsela, recurrió a una fuente externa. Tanto González como Méndez indicaron que el motivo de la comparecencia fueron los viajes pagados por Aquagest, un asunto que ya archivó el Juzgado número 3 de Avilés.

En la misma línea se mostró el alcalde Tineo, quien reiteró lo que ya indicó cuando fue interrogado en Avilés: que no favoreció a la empresa. "No participó en las prórrogas de los contratos y de hecho los resolvió", indicó el letrado de Feito, Francisco Alonso. "No recibieron nada a cambio de los viajes", dijo por su parte el alcalde. Feito entregó a la juez su declaración de Avilés. Alonso lamentó el "peregrinaje" al que se está sometiendo a su cliente, que podría tener que volver a declarar en Madrid, si el caso pasa a la Audiencia Nacional. "Algo está fallando con este asunto" , dijo. Feito se lo tomó con filosofía: "Si hay que ir a Madrid, se va".

En cuanto a José María Osoro, reivindicó su inocencia: "No ha habido nada ilegal en mi proceder". La juez le informó que está investigado por una conversación con el conseguidor de la empresa del agua, Joaquín Fernández, en la que se habló de privatizar el servicio de aguas de Nava. El letrado de Osoro, Gonzalo Botas, indicó que, mientras no se tengan la transcripción de esa conversación, no declarará. Si dijo que esa conversación sería en el contexto de la amistad que tenían Osoro y Fernández, sin trascendencia, ya que el servicio no se privatizó. Osoro presentó un nuevo escrito pidiendo la nulidad de las actuaciones, al considerar que el Juzgado de Lugo no es competente, ni tampoco el Servicio de Vigilancia Aduanera para realizar investigaciones judiciales.