Pilar Fernández Pardo, expresidenta del PP en Gijón ha solicitado a la jueza Pilar de Lara, instructora del "caso Pokémon" en Lugo, apartarse del procedimiento en curso. La magistrada ya le ha respondido con una rotunda negativa recordándole que figura en la causa como investigada y que, por tanto, puede personarse como tal para tener acceso a la documentación. En la misma providencia De Lara también indica que en idéntica situación está el exedil gijonés Francisco Rodríguez Cubiella.

La expresidenta del PP de Gijón está siendo investigada por la jueza De Lara, vinculada a dicha ciudad, por su presunta relación con Aquagest y para privatizar la empresa municipal de agua gijonesa. Pilar Fernández Pardo negó rotundamente que tuviera nada que ver con esa supuesta operación y solicitó personarse en la causa como perjudicada, y se ponía a disposición de la Justicia para "clarificar de una vez por todas las cuestiones y actividades" que se le imputaban y conocer así en base a qué datos se le ligaba a la trama del agua.

Hace exactamente un año, la juez rechazó esta petición, indicándole que era "investigada por un presunto delito de cohecho", e invitándola a personarse como tal en la causa y comparecer (acompañada de abogado).

Pilar Fernández Pardo no llegó a ser citada como investigada por la jueza, y el pasado 20 de marzo presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo solicitando que se la apartada del procedimiento.

La magistrada le ha respondido ahora que, tal y como se le notificó en una providencia de marzo del año pasado, "su condición y posible personación en la causa sería en calidad de investigada por un presunto delito de cohecho, y no de perjudicada, advirtiéndole nuevamente de que si le interesara a su derecho podría personarse en la causa como investigada, a fin de tener conocimiento de las actuaciones".

La jueza De Lara también ha rechazado en un auto la petición de Henry Laíño López, responsable de Aquagest para el Noroeste, de declarar la nulidad de la solicitud al Ayuntamiento de Colunga de abundante documentación sobre los acuerdos y relaciones con Aquagest y otras sociedades del grupo matriz. A esta misma solicitud también se opusieron los letrados que representan al Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN).

Pero además, insiste Henry Laíño en que la jueza de Lugo carece de competencias para llevar la instrucción de este caso, que le correspondería al Juzgado de Avilés. La magistrada explica en su auto que, tal y como falló la Audiencia Provincial de Lugo, es el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo el competente, "partiendo de la innegable conexidad entre los hechos investigados". Pero es más, como el caso está pendiente de ser recibido por el Juzgado central de Instrucción, si éste lo rechazara, volvería a ser competencia del Juzgado lucense.

También añade la jueza que el propio Juzgado de Instrucción 3 de Avilés ha advertido de que su investigación "no fue iniciada por hecho delictivo imputado a Aquagest", aunque se amplió posteriormente por las relaciones de algunas personas por la relación de "irregularidades en la concesión a esa compañía de la gestión de aguas en el Ayuntamiento de Corvera y facturación irregular".