La Comunidad Valenciana prepara una batería de ventajas fiscales para frenar el despoblamiento en 72 municipios, con medidas que van desde la deducción de impuestos, por ejemplo en la compra o alquiler de una vivienda, hasta la exención de tasas, como las universitarias para frenar el éxodo juvenil, pasando por conceder prioridad en las contrataciones públicas a las empresas que se radiquen en estos concejos y generen empleos. Son todas ellas medidas que los expertos asturianos ven favorables pero insuficientes para Asturias, teniendo en cuenta que la región se sitúa a la cabeza en Europa del envejecimiento y la caída de la natalidad, a la vez que durante décadas dio por abandonado el medio rural.
El Gobierno del Principado presentará en este periodo de sesiones -es decir, antes del verano- una propuesta de pacto demográfico con medidas concretas y consignación presupuestaria que todavía son una incógnita para el resto de partidos políticos a los que se pide que lo apoyen. Según la Consejería de Presidencia, el documento con el que se buscará el consenso se articula en cuatro ejes de actuación: "Sensibilización; desarrollo socioeconómico sostenible; política social y coordinación interdepartamental; transversalidad y participación".
El documento, cuyo borrador ya está ultimado, se estructurará en 13 objetivos estratégicos para cuya consecución se proponen 67 medidas, entre las que figuran el fomento de la creatividad y la innovación de empresas; la puesta en marcha de mecanismos que fijen población en el medio rural; el desarrollo de iniciativas que impulsen el acceso al empleo y de jóvenes y colectivos desfavorecidos; la aplicación de planes de envejecimiento activo, y el impulso del emprendimiento, especialmente en las zonas rurales. De momento no hay más concreción.
El plan que desarrolla la Comunidad Valenciana, y que impulsa su presidente, Ximo Puig, se denomina Agencia Valenciana Antidespoblament (Avant) y supondrá modificar cinco leyes además de incluir medidas económicas de discriminación positiva para los vecinos y empresas que residan en concejos en riesgo de extinción. Se trata de municipios que comparten básicamente tres requisitos: tienen menos de 1.000 habitantes, han perdido más el 10% de su población en las tres últimas décadas y su densidad demográfica es inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, o de 20 si la extensión es inferior a los 15 kilómetros cuadrados de superficie.
Los concejos que cumplan con estos requisitos tendrán, según el borrador que prepara la Generalitat Valenciana, por ejemplo, deducciones fiscales en los casos de compra, alquiler o reforma de vivienda, y una reducción del 95% en la base imponible del impuesto de transmisión de bienes inmuebles en caso de muerte o donación. Además, sus residentes quedarán exentos de 28 tasas, que abarcan desde las universitarias hasta las licencias de caza y pesca, y la correspondiente a las cédulas de habitabilidad. También habrá medidas específicas para las empresas que se asienten en estos concejos, que serán calificadas de "socialmente responsables".
Faltan por elaborar los criterios y medidas que se aplicarán en los ámbitos sociales, como son la Educación, la Sanidad y los Transportes, que están pendientes de elaboración. Los especialistas asturianos consultados aplauden estas medidas, aunque las consideran insuficientes en el caso de Asturias.
Juan Vázquez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, advirtió de que "el demográfico es un serio problema económico y social que conviene tomar muy en serio y que tiene muchas vertientes". En su opinión, "las medidas que plantea la Comunidad Valenciana parecen más orientadas a una de esas vertientes: la del despoblamiento. Pero una realidad como la asturiana es más compleja, porque a ella se unen otras, obviamente relacionadas, como son las del envejecimiento y las bajas tasas de natalidad y crecimiento vegetativo".
Esta complejidad supone, según el profesor Vázquez, que "Asturias requiere una batería más amplia de medidas". En su opinión, "todo lo que se haga es favorable, pero en materia de políticas demográficas hay otros elementos más decisivos y eficaces: la disponibilidad de empleos; el acceso a una amplia cartera de servicios públicos en la zona, como son la educación, la sanidad y también el acceso a internet y servicios digitales, centros de compras y de ocio, además de medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Jaime Izquierdo calificó de "paradójico que el problema del despoblamiento rural se convierta en política de Estado en España en 2017, cuando ya está prácticamente culminado". En este sentido remarcó que "los países europeos del entorno también lo sufren, pero en menor medida porque se anticiparon a él cuando empezaba el éxodo rural, en los años 60 y 7 del pasado siglo XX". Y lo hicieron, según explicó, "a través de medidas estructurales pensadas para evitar, en la medida de lo posible, los efectos de la concentración urbana e industrial, favoreciendo actividades económicas en las zonas rurales más desfavorecidas, promoviendo leyes y normas que protegían a los pequeños productores rurales y sus mercados de proximidad, promoviendo políticas de conservación de la naturaleza pensadas para el mantenimiento de los procesos agroecológicos y culturales de las comunidades de montaña, entre otras".
En cuanto a medidas de carácter fiscal como las que prepara la Comunidad de Valencia, Jaime Izquierdo las encuentra "bienintencionadas", y asegura que "pueden, en el mejor de los casos y siendo optimistas, paliar momentáneamente el proceso de despoblamiento o ralentizarlo". Pero considera que "no son la solución en muchos territorios ya muertos".
Según explicó, y refiriéndose también a Asturias, "muchas zonas son ya técnicamente desiertos demográficos sin ninguna capacidad de recuperación salvo que acojan nuevos pobladores". Esto, añade, plantea un nuevo contexto: "Ya que en los años 60 no fuimos capaces de prevenir los problemas de despoblamiento, tenemos ahora la oportunidad de plantear una solución más innovadora y ciertamente más estructural que asuma el reto de ponerse por delante". El experto en desarrollo rural plantea el concepto de "recolonización de pueblos, de volver a vivir en el campo". Acepta el experto que "sin duda es una propuesta más radical, pero tiene la ventaja de obligarnos a pensar en nuevos escenarios rurales, en asumir cambios profundo en la vigente y obsoleta legislación de conservación de la naturaleza y en las desfasada política agropecuaria y forestal, en buscar soluciones para abordar la movilización del patrimonio en estados de abandono y desuso, entre otras medidas".
Según Jaime Izquierdo, "si nos atreviésemos, cosa que dudo, dejaríamos de pensar en lo de siempre, que ya no funciona y nos ha llevado al despoblamiento, y empezaríamos a pensar en lo que nunca hemos pensado. Salvo que nos atrevamos a hacer cosas diferentes, a innovar, a ensayar y a equivocarnos pero aprendiendo, el despoblamiento no tendrá solución".
