Cinco años de prisión e indemnizar al SOMA-FITAG-UGT con 434.158 euros es la solicitud de condena de la Fiscalía del Principado para el exlíder minero José Ángel Fernández Villa, al que acusa de un delito continuado de apropiación indebida. Igual que al exsecretario de la Fundación Infide, Pedro Castillejo, aunque para él rebaja la petición a tres años y seis meses de cárcel y una indemnización de 119.434 euros. En declaraciones a este periódico, Castillejo aseguró ayer que no le extrañaba la calificación de la Fiscalía, teniendo en cuenta que "no se ha tenido en cuenta ni una sola de mis aportaciones", y remarcó: "Espero que no haya habido ningún elemento externo a criterios puramente jurídicos". Incidió en su inocencia, en que tiene "la conciencia muy tranquila", y remarcó que "al menos el 99,9% de las acusaciones del fiscal son falsas".

La acusación particular, que ejerce el sindicato minero, tiene ahora diez días para presentar su escrito con las conclusiones provisionales y su solicitud de condena, para pasar posteriormente a declarar la apertura del juicio oral, cuya celebración se prevé para 2018. El abogado Luis Llanes, del despacho Ontier, alabó la instrucción de la jueza Simonet Quelle Coto y señaló que la acusación particular irá en el mismo sentido que la de la Fiscalía.

Según el fiscal Enrique Valdés-Solís, el ex secretario general del SOMA "ejerció una posición de dominio absoluto del sindicato, siendo la persona que tomaba todas las decisiones, nombraba al personal directivo, decidía la contratación o cese de personal y cualquier decisión de mínima relevancia era asumida por él mismo". Y fue en este marco en el que en 1992 se constituyó el Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), cuyo comité ejecutivo, del que formaban parte Villa y Castillejo, delegó en el entonces secretario general del SOMA la designación de los órganos de gobierno. Así, el exlíder minero se autoproclamó presidente y designó a Castillejo secretario. Posteriormente, se modificaron los estatutos de la Fundación y Villa pasó a tener el control absoluto.

El escrito de acusación provisional de la Fiscalía recoge que Villa, "con intención de incorporar a su patrimonio el dinero que recibiese el SOMA-FITAG-UGT, o pretendiendo tener la capacidad de destinar dicho capital a finalidades distintas de las propias del sindicato, y aprovechando su posición de absoluto control de la entidad, ideó un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal o a sustraer al debido control el uso de los citados fondos conforme a su finalidad legítima".

El fiscal detalla que Hunosa pagaba al SOMA las dietas de asistencia de sus delegados al comité intercentros, que entre noviembre de 1989 y enero de 2001 lo hacía con cheques nominativos a nombre de Villa y cómo "el acusado adaptó a las nuevas circunstancias el originario plan de desvío de fondos" a medida que la empresa minera fue modificando la forma de pago con el paso de los años. También desgrana la "contradicción y duplicidad" en el cobro de carburante y dietas, además de "gastos sin justificar en parkings, prensa y otros conceptos, de muy elevado importe, y carente de toda justificación". Por ejemplo, "puros, sombreros, flores, centros dietéticos, maletas, farmacia y parafarmacia, en delicatessen, libros, música, en restaurantes y en perfumes", además de facturas de teléfono y en la compra de vehículos para su uso particular.

La Fiscalía también imputa un delito continuado de apropiación indebida al que fuera secretario de Infide, Pedro Castillejo, entre 1992 y diciembre de 2014, y en la que "mantuvo la posición de absoluto control en la misma, tomando todo tipo de decisiones en lo relativo a las labores de la misma, gestión ordinaria y control y destino de su capital". Según el escrito del fiscal, Castillejo "aprovechó su posición" y "realizó una serie de operaciones carentes de relación con la actividad de la fundación", como "reintegros de efectivo, pagos en innumerables restaurantes, en farmacias y en tiendas, en parkings, etcétera". Así, añade, "entre 2004 y 2013, habría hecho suyas o habría destinado a finalidad ilegítima un total de 119.434,74 euros".

Pedro Castillejo afirmó que "no es extraño que el fiscal tome esta decisión, en línea con el proceso de instrucción, que es anómalo. No se ha tenido en cuenta ninguna de mis aportaciones. Creo incluso que se me tomó la segunda declaración por imperativo legal, pero que ni se me escuchó porque la decisión ya estaba tomada. No quiero pensar que haya habido elementos externos a criterios puramente jurídicos".

Explicó, por ejemplo, que en la relación de la Fiscalía aparecen como gastos sin justificar 15.928 euros en 2010. "Me parece hasta poco, porque fue el año del centenario del SOMA, en el que hubo multitud de actos y actividades" y también el congreso del SOMA a final del ejercicio. "A Pedro Castillejo no lo puso Villa, sino la comisión ejecutiva del SOMA, y tampoco fue Villa quien creó Infide", remarcó Castillejo, quien insistió en su inocencia. "Todo el proceso de instrucción es un dislate. La ampliación de la querella la firma una persona que es patrona de Infide, mientras a mí se me deniega todo. Pero seguiré defendiéndome. Lo que más me duele es el daño que se le está haciendo a mi familia". Castillejo ha recurrido el auto que le deniega acceder a la contabilidad de Infide.