Las agresiones de hijos a padres han registrado un incremento bastante importante en los primeros meses del año, según ha señalado hoy el fiscal de menores de Asturias Jorge Fernández Caldevilla, tras incidir en que hasta abril se han abierto más de 20 expedientes por estos casos de violencia.
Fernández Caldevilla ha hecho estas declaraciones momentos antes de que se el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, presentase la Memoria de Justicia del Menor. El aumento de estos casos de violencia filio-parental ha llevado al Principado a duplicar las plazas que hay disponibles en el programa de Convivencia en Grupo Educativo, medida que se puso en marcha a finales de 2015 para casos graves en colaboración con la asociación Cruz de los Ángeles.
"Se van a duplicar las plazas disponibles ante los casos de violencia filioparental", ha anunciado el consejero, que ha adelantado que este año se van a destinar 100.000 euros a este programa de convivencia. Según Martínez, el maltrato de hijos hacia sus padres es un fenómeno creciente que exige reforzar este recurso, con el que se pretende garantizar la educación integral en jóvenes con conductas con maltrato. El programa de Convivencia en Grupo Educativo plantea, entre otros objetivos, la adquisición de habilidades o la prevención de consumo de sustancias estupefacientes con programas de diversa índole como la convivencia con animales, la música o los programas de ajedrez, idiomas o huerto solidario.
En 2016 fueron cinco los jóvenes de entre los 14 y los 17 años los que participaron en este programa sin que, según esta entidad, se registrasen agresiones a los educadores. El consejero de Presidencia ha trasladado también el compromiso que tiene el Gobierno del Principado con el carácter público del centro juvenil de Sograndio, frente a fórmulas mixtas o la gestión de fundaciones. El Gobierno destinará a este centro, donde el pasado año cumplieron medidas de privación de libertad una media de 29 jóvenes, una partida de 5,8 millones de euros, el 85 por ciento de los recursos que destina el Ejecutivo a la atención de menores infractores.
Su director, Manuel Ramos Vicente ha detallado que en 2015 hubo 32 ingresos en régimen semiabierto y 21 el pasado año, lo que supone un importante descenso, al igual que en los internamientos terapéuticos, que se redujeron de cuatro a dos. Las edades de los internados se mantiene entre los 16 y 17 años en la mayoría de los casos y siguen siendo mayoría los varones -36 en 2015 frente a una mujer en 2015 y 22 hombres y dos mujeres, el pasado ejercicio- de origen español.
Los menores no acompañados de origen magrebí siguen bajando y frente a los seis que había en 2012, se bajó a dos el pasado año.
El director de Sograndio ha incidido también en que los menores ingresados en 2016 "presentaban elevados niveles de conflictividad" y que, pese a que el consumo de drogas es alto en algunos jóvenes, apenas se requisaron sustancias de ese tipo. Ramos Vicente también ha advertido que las fugas se mantienen en cifras similares en ambos ejercicios ya que en 2015 se evadieron tres y en 2016 otros cinco, si bien en ambos ejercicios regresaron tres de forma voluntaria a centro, que cuenta con 35 vigilantes y 26 educadores.
Al margen de Sograndio, el consejero ha señalado que este año se van a gastar 420.000 euros en el desarrollo de medidas judiciales en abierto, como tareas socioeducativas o prestación de servicios a la comunidad, a las que el pasado año asistieron 241 jóvenes.
