La nueva ley de Patentes que acaba de entrar en vigor obliga a las universidades públicas y centros públicos de investigación a pagar tasas. Una situación que ha contrariado a los responsables de la institución docente asturiana donde se aprecia que esta regulación repercutirá directamente en el número de invenciones registradas. Con la antigua ley, en vigor desde 1986, las universidades estaban exentas de tasas.
"Patentar no deja de ser una decisión comercial, ya que lo que las patentes otorgan es el derecho de impedir que un tercero, sin consentimiento del titular, explote la invención durante veinte años", argumenta el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda. Teniendo en cuenta que las universidades no producen ni venden por sí mismas, el objetivo es encontrar a un tercero interesado en explotar dichas invenciones a cambio de ciertas contraprestaciones que se establecen en los correspondientes contratos de licencia, prosigue en su interpretación de la norma el máximo responsable de la institución académica. "En nuestro caso, como Universidad procedemos a dar los primeros pasos en cuanto a protección pero no se continúa con ella o se abandonan los derechos si, en un periodo razonable de tiempo, se constata la falta de interés comercial", explica García Granda.
La modificación incorporada en la ley de patentes perjudicará a la investigación porque las tasas son elevadas. Por ello, en la Universidad de Oviedo entienden que "podría haber una reducción en la solicitud de patentes". El Rector aporta, en este sentido, dos razones. La primera: con la nueva ley todas las solicitudes deberán superar un examen de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), cosa que no sucedía antes. "Si ahora tenemos que pagar por proteger, probablemente solicitaremos menos patentes", sostiene García Granda como segundo argumento, Por otro lado, añade el responsable académico, no creemos que la eliminación del procedimiento general vaya a hacer necesariamente más difícil la obtención de patentes en la Universidad, ya que existen análisis que indican que las patentes solicitadas en España por instituciones públicas son las que mejores informes sobre el estado de la técnica presentan. Aun a pesar de las dificultades puede crecer porcentualmente el número de patentes de los organismos públicos de investigación, y en concreto de la Universidad de Oviedo "pero aumentar el coste de protección de esas invenciones va en detrimento de las entidades públicas", recalca García Granda. "Considero que deberíamos seguir exentos de pago y contar con un fondo de protección estatal para proteger sus patentes frente a las empresas que dominan el mercado, teniendo una solvencia financiera incomparablemente mayor", concluye García Granda en su análisis.
Según expertos del ámbito académico, la nueva regulación de patentes fomentará la competitividad con las empresas y evitará que se creen burbujas, monopolios y reclamaciones en los tribunales por parte de aquellos que muestran afán por patentarlo todo. La cuantía de las tasas dependerá de la extensión y amplitud de la patente, por lo que nadie se atreve todavía a dar cifras. La buena noticia es que esas tasas estarán bonificadas al 50% para centros públicos y el resto se podrá recuperar siempre y cuando se demuestre que la patente está siendo explotada comercialmente. Se garantiza así una forma de acabar con el abuso de patentes curriculares, donde no existe una transferencia a la sociedad. De hecho, si se acredita que ha tenido un uso comercial, se retorna la cantidad pagada.
