El Ministerio del Interior quiere tener resuelto este año el acuerdo con las comunidades autónomas para el traspaso de la sanidad penitenciaria, una competencia que ahora sólo tienen Cataluña y el País Vasco. Para poder avanzar en este acuerdo, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, remitió a finales de marzo una carta a los consejeros de Sanidad de las otras quince comunidades autónomas, entre ellas Asturias, para que "a la mayor brevedad posible" den los pasos pertinentes para abrir la negociación. Hasta el jueves, sólo habían respondido Asturias y Extremadura, con las que ya se están iniciando negociaciones, aunque en las últimas horas Aragón también ha mostrado su disposición.

Nieto quiere que a lo largo de estas semanas se vayan sumando más autonomías y "que no pase este 2017 para tenerlo resuelto". En la carta que remitió a los consejeros, Nieto expresa la "firme determinación" de Interior para avanzar en el cumplimiento de la legislación en esa materia, y solicitaba a las autonomías que abrieran los cauces para permitir que se cumpla "el mandato legal, social y ético pendiente desde hace ya demasiado tiempo".

Según Nieto, "no es lógico que una persona, por estar privada de libertad, también esté al margen de los sistemas de salud de las comunidades autónomas". Por eso, quiere que la situación actual se "corrija", porque "lo normal" es que la población reclusa tenga acceso a ese servicio autonómico. Un servicio que ahora presta, "con una calidad muy alta", Instituciones Penitenciarias, pero deben hacerlo las comunidades tal y como establece la legislación y como mandó el Senado en una moción apoyada por todos los grupos parlamentarios el pasado 26 de octubre para solicitar que se iniciaran las gestiones del traspaso. "Por parte del Gobierno tenemos la mejor y mayor voluntad para que se lleve a cabo", dijo el secretario de Estado.