El grupo parlamentario de IU se ha quedado ya esta mañana prácticamente solo en la defensa de un impuesto propio que grave en Asturias el consumo de refrescos y bebidas con un alto contenido en azúcar. El resto de la Junta rechaza con distintos matices de intensidad su planteamiento de penalizar la venta con un tributo variable en función del nivel de edulcorante que contenga el producto, de un mínimo de ocho a un máximo de doce céntimos de euro por litro de bebida.

La propuesta, registrada ya en la Junta, levanta “dudas jurídicas” cuando el que la valora es el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, que considera “no muy pertinente esta discusión en este momento” y habida cuenta de que el Gobierno central tiene en proyecto su propio tributo sobre esta materia “puede provocar un agujero en las cuentas de aquellos que lo pongan en marcha”. Se refiere el diputado implícitamente al ejemplo del impuesto sobre los depósitos bancarios, cuando el solapamiento del gravamen autonómico con el estatal “costó dinero a nuestra comunidad autónoma”.

Salvo Podemos, que simplemente se muestra más “partidario de la prevención y la educación” cuando se habla de la gestión alimentaria, el resto de los grupos han manifestado esta mañana, tras la Junta de Portavoces, su rechazo frontal a la propuesta de IU. La presidenta del PP, Mercedes Fernández, la atribuye a la “voracidad fiscal” de la izquierda y en la misma línea Cristina Coto (Foro) asegura que “jamás encontraremos en la izquierda una propuesta para el crecimiento económico, la generación de empleo o la atracción de actividad. La única solución que siempre se les ocurre es la fiscalidad” y en este caso un nuevo impuesto “que gravaría sobre todo a las clases medias y trabajadoras”. Nicanor García (Ciudadanos) recuerda que su grupo ya se opuso a este impuesto en el Congreso y que sus alternativas preferidas también son en este punto las de carácter preventivo.

Frente a todos ellos, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, defendió un concepto de reforma impositiva “que tiene que ver con una nueva generación de impuestos que no pretende tanto recaudar como disuadir” y un tributo “imprescindible en una autonomía donde el siete por ciento de la población padece diabetes”. “Se trata de una cuestión de prevención sanitaria muy importante”, concluyó.

Los grupos parlamentarios de la Junta discutirán en el pleno de este jueves y viernes, mientras tanto, la modificación de la legislación urbanística del Principado para la transformación en plenamente pública de la sociedad mixta de gestión del suelo, Sogepsa. La reforma llega a la cámara sólo con PSOE e IU a favor de esa alternativa como solución para los requerimientos que la UE ha hecho sobre el futuro de la empresa. Conocida la oposición de PP, Foro y Ciudadanos, la decisión queda en manos de Podemos, cuyo portavoz parlamentario, Emilio León, se ha remitido a una enmienda presentada por la formación morada en la que sostiene que “es preciso modificar la legislación para no incurrir en ningún tipo de problema, pero el proceso debe ser aquilatado”. Podemos se opone a que la parte privada de Sogepsa, a su juicio “la más beneficiada por la deuda” que ha generado la sociedad, “se beneficie también ahora de un rescate encubierto por parte de la Administración pública”.