El impuesto para penalizar el consumo de bebidas altamente azucaradas tropezó en la Junta casi antes de echar a andar. Los grupos parlamentarios dan la espalda en bloque a la iniciativa recién registrada por IU, al gravamen de entre ocho y doce céntimos de euro por litro de refresco y a su pretensión de activar, justificó ayer Gaspar Llamazares, "una nueva generación de impuestos que no pretenden tanto recaudar como disuadir". El portavoz de IU precisa que su propuesta tributaria disuasoria se le aparece "imprescindible" en una región con un siete por ciento de diabéticos, pero nadie en la Junta se lo compra.

El resto de los grupos le da la espalda, cada uno por sus motivos, el PSOE por ser un debate "poco pertinente en estos momentos" y porque el nuevo tributo despierta "dudas jurídicas". El portavoz socialista puso sus objeciones prescindiendo esta vez del reproche a IU por enunciar la propuesta de este impuesto en la pasada negociación presupuestaria y oponerse luego en la Junta al proyecto de presupuestos del Principado. Fernando Lastra sí añadió que un impuesto así, en vigor en Cataluña desde el lunes, "puede provocar un agujero en las cuentas de aquellas autonomías que lo pongan en marcha" si el Estado, que tiene al menos en proyecto su propio impuesto en esta materia, decidiese ponerlo en marcha. En este caso, el autonómico y el estatal correrían el riesgo de solaparse con posibles consecuencias gravosas que el Principado ya conoce de otras veces. El diputado se remite implícitamente al más reciente ejemplo de superposición tributaria, cuando Asturias y el Gobierno central aprobaron sus impuestos sobre depósitos bancarios y el litigio entre administraciones "costó mucho dinero a nuestra comunidad autónoma".

Menos beligerante que la derecha en su rechazo al impuesto, el portavoz de Podemos, Emilio León, acepta la potencia de la fiscalidad como "herramienta para modificar las prioridades políticas", pero embrida el entusiasmo aclarando a renglón seguido que "en materia de alimentación somos partidarios de la prevención y la educación", o de "que sean las industrias productoras las que asuman el coste de determinado tipo de bebidas".

La derecha eleva el tono del rechazo con la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, "diametralmente en contra" de lo que interpreta como un nuevo ejemplo "de la voracidad fiscal" de la izquierda y con un "sólo faltaba" de la portavoz de Foro, Cristina Coto, que también lamenta que del otro lado del hemiciclo sólo surjan iniciativas "que gravan cada vez más a las clases medias y trabajadoras". Nicanor García (Ciudadanos) se remite a la oposición a este tributo que su partido ha manifestado ya en el Congreso y se pone del lado de las medidas preventivas más que de las subidas de impuestos.

El impuesto de sucesiones, para hoy. El grupo popular volvió a preguntar ayer al Principado para cuándo la reforma del impuesto de sucesiones y la respuesta dice que el día será hoy. Que el Consejo de Gobierno del Principado aprobará el proyecto de ley en su reunión de esta mañana, primer paso hacia la tramitación parlamentaria de la norma que dará cumplimiento al acuerdo con el PP que permitió la aprobación de los presupuestos autonómicos de este año. La presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, exteriorizó su satisfacción después de haber tenido que dar, dijo, "un ligero tirón de orejas" al Gobierno por el retraso.

Sogepsa, al pleno sin conversión en pública. El pleno de la Junta votará esta semana, mientras tanto, la modificación de la normativa urbanística que da soporte a la sociedad mixta de gestión del suelo, Sogepsa, pero sin incluir, por la oposición de todos los grupos salvo PSOE e IU, la transformación de la empresa en entidad íntegramente pública. Las dos formaciones entienden que la alteración accionarial es la única solución para salvar a Sogepsa de la amenaza de la UE por incumplir su normativa de competencia, algo de lo que discrepa todo el resto de la cámara. Ayer, Fernando Lastra emplazó en un llamamiento "directo" a Podemos a rectificar para no abocar a la empresa a una "inexorable desaparición" mientras del otro lado, Emilio León volvía a oponerse a que la parte privada de Sogepsa, a su juicio "la más beneficiada por la deuda" que ha generado la sociedad, "se beneficie también ahora de un rescate encubierto por parte de la Administración pública".