El magistrado ponente de la sentencia del "caso Marea", Francisco Javier Rodríguez Santocildes, dispondrá de un mes más para redactar el fallo, después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) aprobase en la mañana de ayer una prórroga de la exención de reparto ordinario de ponencias con efectos desde el 22 de abril y hasta el próximo 22 de mayo. LA NUEVA ESPAÑA ya había informado de que los jueces del caso iban a tomarse más tiempo para elaborar el fallo, para desmayo de los letrados del caso, que esperan la sentencia desde hace meses. Ya habría un borrador de la sentencia y los magistrados estarían pactando el relato fáctico del mismo, según indicó alguno de estos letrados. Tras esta negociación, se votará la sentencia y en caso de discrepancia, podría emitirse un voto particular.

El juicio, que trataba de aclarar un posible caso de corrupción en la administración del Principado en la época de Vicente Álvarez Areces finalizó el pasado mes de julio, tras iniciarse el 5 de abril. Inicialmente se esperaba el fallo para octubre. Luego para enero. Después para marzo y al final para después de Semana santa. Con esta nueva prórroga, cabría esperar la sentencia para este mes de mayo, aunque todo indica que los magistrados están encontrando dificultades para cerrar la sentencia. Antes de que se dé a conocer el fallo, la sección tercera de la Audiencia Provincial dictará una providencia para informar de la fecha en que se hará pública.

Los siete principales encausados del caso Marea afrontan penas de entre tres y treinta y tres años de prisión. Las defensas de estos siete acusados principales (la exfuncionaria marta Renedo, el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac; y Antonio Azorín, de Nora) ya dan por descontada una condena y un recurso ante el Tribunal Supremo, que girará presumiblemente en torno a la legalidad de las escuchas que llevaron a la implicación de la mayor parte de los encausado.