Llevan dieciséis meses sin cobrar su pensión pero no pierden la esperanza. El problema es que ese dinero tiene que llegar de Venezuela, un país en crisis abierta a todos los niveles. El problema es nacional, pero Asturias está siendo punta de lanza de una reivindicación más que justa. Se calcula que solo entre Asturias y Galicia hay unas 4.000 personas afectadas por los impagos, venezolanos que cotizaron allí y viven jubilados en España, o españoles que trabajaron en Venezuela y retornaron a su país natal.
Venezuela dejó de pagar a sus pensionistas, repartidos por todo el mundo, en enero de 2016. En Asturias se creó la asociación Asopeve para reivindicar el pago de esas pensiones. El Principado es la única comunidad cuya Administración ha habilitado un sistema de ayuda de emergencia para compensar el retraso en el pago del salario social de una población de edad avanzada y, en general, muy escasos recursos. Sergio Primiani es el presidente de la entidad: "Primero se gastaron los ahorros de cada cual; después, muchos afectados tuvieron que recurrir a los vecinos, a Cáritas o al Banco de Alimentos. En Asturias, al menos, se está cobrando el salario social si la persona afectada ha presentado una reclamación oficial en el Consulado de Vigo".
España y Venezuela tienen suscrito un convenio bilateral de pensiones, que Venezuela se salta a la torera incluso con sus ciudadanos. La pensión venezolana, universal, anda por los 1.300 euros al cambio. No está nada mal... si se cobrara. Primiani cree que "el problema es más socioeconómico que político. En la Asociación somos más de doscientas personas y no queremos hablar de política, cada cual tiene sus sensibilidades. Solo queremos que el Gobierno de Venezuela recuerde que el pago de una pensión es un deber social; el mayor de todos".
Hay iniciativas parlamentarias a todos los niveles. En el Congreso, en la Junta General del Principado y en determinados ayuntamientos. Tres partidos, Podemos, IU y Foro registraron en febrero en el Parlamento asturiano sendas proposiciones no de ley. Los afectados piden "que se fije ya una fecha para que se debatan, por favor". El asunto llegó al Parlamento Europeo por iniciativa del grupo socialista. "Las proposiciones no de ley no comprometen, pero al menos hacen ruido", dice Sergio Primiani, quien tiene claro que "es el Gobierno central español el que se tiene que fajar con el venezolano para este problema se desbloquee".
Las actuaciones de Asopeve ante la embajada y el consulado de Venezuela en Vigo chocan contra la falta de información. "Nos dicen que toman nota y que el Gobierno hace un cronograma de pago". En Venezuela los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55.
