El parlamento asturiano aprobó ayer adaptar su ley urbanística a las exigencias de la Unión Europea pero sin despejar aún el futuro de la sociedad mixta Sogepsa. El debate, crudo por momentos, estuvo marcado por un receso que pidió el grupo parlamentario de Podemos ante el intento del Gobierno regional de retirar ese punto del orden del día. El paréntesis sirvió para que el Letrado de la Cámara aclarase a todos los grupos parlamentarios que con la reforma de texto refundido sobre urbanismo (TROTU) se evitaría la sanción de la Unión Europea al Principado. Tras esa reunión de urgencia, el debate y votación de la reforma legislativa se mantuvo en contra del que era el criterio inicial del Ejecutivo socialista y salió adelante, con el voto a favor del propio PSOE, el PP, Podemos, Foro y Ciudadanos. IU fue el único grupo que votó en contra.
A Belén Fernández, consejera de Infraestructuras y presidenta de Sogepsa, le tocó defender la conveniencia de adaptar tanto la legislación asturiana a los principios que exige Europa sobre libre competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación como la conversión de esa sociedad en exclusivamente público, una empresa que reconoció de "extraordinaria complejidad". La propia Consejera recordó que la Unión Europea había abierto este proceso en julio de 2014 a raíz de tres denuncias contra el funcionamiento habitual de Sogepsa, sociedad mixta que recibía encomiendas de gestión del Principado sin someterse a dichos principios. Belén Fernández reprochó a la oposición su "bloqueo" a la conversión de Sogepsa en sociedad pública, una decisión que la deja, recalcó, "como un enfermo terminal sin terapia posible de recuperación".
"La veo muy sola", replicó el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, quien tachó de "engaño deliberado del Gobierno que la Unión Europea obligue a que Sogepsa sea cien por cien pública". Todavía fue más directo en sus acusaciones: "la consejera de Infraestructuras no tiene pudor ni limite en la capacidad de mentir y debería ser cesada", planteó Cuervas-Mons, quien definió de "último enredo de la consejera", una comunicación enviada esta semana por la Unión Europea al Principado que, a juicio de Belén Fernández, puede suponer el inicio de un procedimiento de infracción. El portavoz popular atribuyó a los diputados de IU el papel de "lacayos vergonzosos" y acusó al Gobierno regional de querer "tapar el pufo de Bobes y la quiebra de la sociedad" con su conversión pública, argumento este último al que también recurrió el diputado Héctor Piernavieja (Podemos). "Sogepsa no va a ser un medio propio de este Gobierno", afirmó el parlamentario de la formación morada, que acusó a Belén Fernández de "ocultar y faltar a la verdad" pero lanzó un guante al Gobierno para que Sogepsa "tenga un control mayoritariamente público". Para Diana Sánchez, de Ciudadanos, "el fin de Sogepsa será un concurso de acreedores" y defendió que con la reforma legislativa aprobada ayer "hemos conseguido evitar una posible sanción de la UE". El forista Pedro Leal, por su parte, recordó que la reforma del TROTU "nace de un procedimiento sancionador sobre un modelo ilegal y reprochó que el Gobierno "no haya proporcionado una auditoría" sobre Sogepsa.
"Al caos de Sogepsa se suma hoy una sesión anormal por completo", resumió Ovidio Zapico (IU) quien alertó de que la disolución de Sogepsa "pondrá a disposición de los acreedores dos millones de metros cuadrados. En las oficinas del BBVA ya se están frotando las manos y la derecha está exultante". La socialista Dolores Campillo criticó que "nadie se acuerda ahora de los muchos desarrollos urbanísticos que hizo la sociedad de suelo en 30 años". El futuro de Sogepsa dependerá ahora de que se reforme la ley de la sociedad.
