Un "guirigay" y un "descontrol". Son dos de los adjetivos que alcaldes asturianos de los Picos de Europa han utilizado para calificar la situación que vive el parque nacional. Todo son reproches, críticas y supuestos agravios. Los alcaldes del PP apuestan porque el Estado asuma la gestión del parque nacional, a la vista del fracaso de las comunidades autónomas, que constata en su opinión el "descontento generalizado" de todos los implicados. Mientras, el único alcalde socialista, el de Onís, José Manuel Abeledo, ha exigido al Estado que inicie los trámites para dejar al concejo fuera del parque nacional, porque las restricciones que implica la pertenencia al espacio protegido no se ven compensadas con ayudas. Y los regidores de Foro se sienten agraviados, al comprobar que a sus concejos no llega ni un euro de las subvenciones prometidas. El hecho de que en los Picos de Europa confluyan los intereses del Estado, tres comunidades autónomas gobernadas por tres fuerzas políticas distintas, once ayuntamientos de diverso signo, propietarios públicos y privados, ganaderos, ecologistas, montañeros, empresarios y los trabajadores hace muy compleja la gestión de un espacio único, que representa al bosque atlántico en la Red de Parques Nacionales.
Administración central. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha aprobado una nueva Ley de Parques Nacionales que hace más visible el papel del Estado, que hasta ahora se limitaba a poner el dinero que necesita el espacio protegido para funcionar, sin tener control alguno sobre su destino. Ahora se reserva el papel de controlar la unidad ambiental en los Picos de Europa. A la vez se critica en foros internos que el Gobierno del Principado no aporte ni un euro al Parque, ni para su funcionamiento, ni en forma de subvenciones. Esta ha sido una de las razones por las que el Estado ha retirado las ayudas al área de influencia socioeconómica del parque nacional, aunque oficialmente se afirme que es por las restricciones presupuestarias.
Gobierno del Principado. El temor que el Estado usurpe competencias de las comunidades autónomas con la nueva ley de Parques se une en el Ejecutivo de Javier Fernández (PSOE) al de que se rompa definitivamente la unidad de gestión en los Picos. Al menos eso es lo que manifiestan en público los dirigentes asturianos, que critican severamente que el Estado haya eliminado las subvenciones del Parque. El Principado está dispuesto a revisar el modelo de gestión que se ha aplicado hasta ahora en los Picos, un consorcio interautonómico, pero recela de las intenciones de los Gobiernos de Cantabria y Castilla y León y sus ansias "autonomistas".
Gobierno de Cantabria. El Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla (PRC) ha roto las "hostilidades", al modificar por su cuenta y riesgo las funciones y los horarios de los trabajadores del espacio protegido en aquella comunidad, sin consultar a sus socios de Asturias y Castilla y León, lo que ha provocado las denuncias de los grupos ecologistas ante una posible "desmembración" del parque nacional. Las autoridades cántabras quieren gestionar su territorio en los Picos sin cortapisas y sostiene que la Constitución avala esta aspiración, pues indica que el medio ambiente es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Gobierno de Castilla y León. El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera (PP) se siente agraviado. Con los alcaldes de Posada de Valdeón, Tomás Alonso, y Sajambre, Antonio Mendoza, ambos del PP, como primeros espadas, Castilla y León denuncia que el Principado de Asturias ha gobernado a su antojo el parque nacional durante más de 90 años, y que mientras en Asturias se ha construido el funicular de Bulnes, y en Cantabria el teleférico de Fuente Dé, en la zona leonesa de los Picos de Europa sólo hay "restricciones", subrayan. De ahí que tanto los regidores como el propio Ejecutivo autonómico apuesten en este caso porque cada región del parque nacional gestione su territorio a su libre albedrío.
Peñamellera Baja. "Que vuelva el modelo de gestión única desde el Ministerio de Medio Ambiente", pidió el alcalde, José Manuel Fernández (PP), pues ha sido "lo menos malo". Fernández defiende la figura de parque nacional como modelo de conservación y como marca turística y de calidad, pero se quejó del "trato a las poblaciones afectadas". Lamenta esta situación, entre otras razones, porque el parque nacional se amplió hace dos años en el concejo por iniciativa popular, algo inédito en España. Pero los vecinos han recibido como pago "la retirada de todas las ayudas". En su opinión, la Administración tendría que estar "mimando a los vecinos. A ver si vamos a reintroducir el quebrantahuesos y se van los humanos", expresó Fernández, quien exige "un poco de voluntad" y apartar las "guerras políticas" de "la joya de la corona".
Cangas de Onís. El alcalde, José Manuel González (PP), cree que el parque funcionaría "mucho mejor" si estuviera en manos del Estado. La gestión autonómica es "un descontrol". Admite que las subvenciones (eliminadas hace unos años por el Estado) son "fundamentales" para los municipios de los Picos, pero cree que ya que las comunidades autónomas gestionan en solitario el Parque, también deberían aportar "una parte del dinero necesario para su funcionamiento y las ayudas". El regidor cangués apuesta por la figura de "parque nacional" para los Picos, "pero bien gestionado". Ahora su principal objetivo es lograr que el Principado acepte la construcción de un tren de cremallera de Covadonga a Buferrera, pues no cree que el actual sistema de acceso, el plan de transporte en autobuses, que "ha servido durante unos años para acabar con los colapsos y las caravanas", sea el adecuado en la actualidad, y menos aun "dentro de 15 años". El tren de cremallera y el cierre de la carretera de los Lagos a los vehículos implicaría un modelo de acceso "más sostenible, con menor impacto, menos contaminante, más regulado y más controlado".
Onís. El alcalde, José Manuel Abeledo (PSOE), solicitó hace unos días al Estado que inicie la tramitación necesaria para que el concejo quede fuera del espacio protegido. Y amenazó con acudir a los tribunales si no se atiende su demanda. La gota que ha colmado la paciencia de Abeledo es que un año más no habrá subvenciones a particulares, empresas y ayuntamientos, pese a que el director de Parques Nacionales, Basilio Rada, prometió que sí las habría. Según Abeledo, el Parque, en estas condiciones, solo acarrea perjuicios a los vecinos, en particular a los ganaderos, pues las restricciones en materia de caza, pesca, urbanismo, infraestructuras, turismo y actividades de ocio no tienen ninguna contraprestación.
Amieva. El alcalde, José Félix Fernández (Foro), siente que su municipio no es bien tratado en el parque nacional. "Solo tenemos limitaciones, no hay apenas pistas, no se hace nada para evitar los daños del lobo y, en materia turística, no hay en el concejo ni un cartel. Todo se lo llevan Cabrales y Cangas de Onís. Y el Parque tampoco ha servido como elemento creador de puestos de trabajo", señaló el regidor, quien exigió un "giro" en la gestión. "No es el momento de irse del parque nacional, pues es también una marca comercial muy potente", indicó Fernández, quien abogó por "reformular el Parque e implicar a la gente". En su opinión, el "motor económico" de la comarca no puede estar al albur de "guerrillas políticas". Afirmó que en el Parque "todo el mundo está cabreado y nadie contento", que a la comunidad autónoma que le toca gestionar un año considera esta circunstancia "un marrón", y que el Estado se ha desentendido del espacio protegido porque pone el dinero y no controla nada, así que se siente un paganini".
Cabrales. El alcalde, Francisco González (PP), aún confía en la figura de "parque nacional", pero exige un cambio radical en la gestión. Cree que los Picos de Europa deberían ser gestionados por el Estado, pues el papel de las comunidades autónomas en los últimos años no ha sido afortunado. Reclamó al Gobierno del Principado que se implique económicamente en el sostenimiento del espacio protegido y en el pago de las ayudas que compensan las restricciones que implica pertenecer a un parque nacional. Foro Cabrales, socio de gobierno del PP junto a Somos, ha presentado una moción en la que solicita que se consulte a los vecinos si están satisfechos con la gestión del Parque, pues observa un "descontento generalizado" en el concejo. El PP se reunirá el martes para decidir si lo apoya o no.
Peñamellera Alta. El concejo es un recién llegado (su entrada en el Parque se aprobó en 2015) y su alcalde, José Antonio Roque (Foro), señaló que "no era lo que esperaban los vecinos"; entre otras razones, porque desde que pertenece al espacio protegido no ha recibido "ni un euro". Más aún: la entrada en el Parque les ha perjudicado, pues no pueden tampoco acceder a ayudas ambientales del Principado. "El parque nacional es bueno si los perjuicios se compensan con algún beneficio", señaló. ¿Cuáles son esos perjuicios? Entre otros, la imposibilidad de abrir pistas ganaderas y dificultades para mejorar las existentes, el crecimiento de la población de lobos, severas restricciones a las carreras de montaña, prohibición de la caza y la pesca... "Si no hay compensaciones el Parque no aporta nada al bienestar de los vecinos", indicó Roque, quien destacó que una gestión compartida por tres comunidades autónomas de diferentes signos políticos resulta "compleja", pues "cada uno tira para él. Espero que de este guirigay y de esta mala gestión salga algo bueno y que el Parque se enderece", concluyó.
