A Villa le duele el bolsillo. Después de que se le rechazasen varios recursos, se le han impuesto las costas por varios de ellos, al considerar la jueza Simonet Quelle Coto -que instruye la demanda por apropiación indebida presentada por el SOMA- que no tenía argumentos para recurrir y que en definitiva solo pretendía ralentizar el proceso. Por cada recurso rechazado, puede tener que pagar unos mil euros. En el último que ha presentado su letrada -con fecha del pasado lunes-, sostiene que se le condena en costas "de cara a la galería, a los medios de comunicación que de forma machaconamente ilegal hacen noticia de cualquier dato de este proceso". Y pide no tener que pagar porque hay un amplio abanico de posibilidades: que resulte absuelto, que el caso se sobresea, que se le pueda aplicar una eximente -la posibilidad que siempre ha buscado su defensa, que ha aducido desde el principio que Villa sufría un deterioro cognitivo irreversible- o incluso que pueda fallecer sin que se le haya siquiera juzgado.

Añade la letrada que es la primera vez en sus cuarenta años de carrera que se encuentra con una "condena en costas en fase de instrucción", además "sistemática", una "novedad" que no permite valorar "si es una peculiar costumbre de la instructora o simplemente se trata de una condena a la letrada". Boto indica además que "en nuestro sistema procesal, la condena en costas está prevista exclusivamente para los condenados, imponerlas en fase de instrucción es una interpretación extensiva contra el reo". Además, no deben tener un carácter "punitivo", sino como resarcimiento de gastos procesales. Y entiende que solo deben aplicarse en caso de una sentencia condenatoria.

Estos argumentos se incluyen en el último recurso presentado por Villa, esta vez ante la Audiencia Provincial, y ya van catorce. Pide que se reabra la instrucción y se acepte el alud de pruebas que rechazó la jueza casi al filo del cierre de la investigación, como la declaración de 34 compañeros de sindicato o la presentación de la contabilidad completa del SOMA, entre otras. Estas pruebas dilatarían aún más un caso que se abrió a finales de 2015 y que estuvo un año parado como consecuencia de los denodados esfuerzos de Villa para evitar su comparecencia ante la juez, que finalmente se produjo el 3 de marzo.

La base para pedir la reapertura del caso es que la jueza Quelle Coto decidió terminar la instrucción sin que la Audiencia Provincial se pronunciase sobre la realización de nuevas pruebas esenciales según la defensa para demostrar que no se quedó con los 420.000 euros que le achacan. En su declaración, aseguró que las firmas que figuran en la demanda del SOMA no son suyas, y echó la culpa a su secretaria y al contable del sindicato minero.

En el recurso, también insiste en que se elimine de los escritos del Juzgado cualquier referencia que haga pensar que es culpable. Y es que critica que la jueza, en su relato de los hechos, omita que estamos "a nivel indiciario" y no utilice "la fórmula constitucional, derivada de la presunción de inocencia, como es anteponer el adverbio 'presuntamente'". Se agarra a una directiva europea (343/16) y del Parlamento Europeo "sobre el reforzamiento del derecho a la presunción de inocencia", en la que, según la letrada, se "prohíbe en las resoluciones judiciales que sean de condena el referirse a los acusados como culpables". Y califica la redacción del auto de la jueza Quelle Coto de "deficiente, por anticonstitucional".

Tanto la Fiscalía como el SOMA ya han presentado sus escritos de acusación, en los que piden para Villa cinco y seis años de prisión respectivamente; tres y cinco años en el caso de Pedro Castillejo, el exgerente del Infide. Una vez presentados los de las acusaciones, ahora les corresponde a las defensas elaborar el suyo.